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El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ordenó hoy la intervención de las cárceles del país y nombró a las nuevas autoridades que administrarán el sistema penitenciario, tras la fuga la semana pasada de unos siete presos de un centro penal.

"La intervención tiene que ver con que en este momento están llegando oficiales de la Fusina (Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional) a asegurar las oficinas administrativas de los directores y demás funcionarios de los centros penales", expresó Hernández a los periodistas en la Casa Presidencial.

Añadió que también "se está duplicando la presencia de los anillos de seguridad que se ha venido dando de parte de la Fusina a los principales centros penales".

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que preside Hernández, también decidió nombrar al coronel Francisco Galvez Granado como nuevo director de los centros penales de Honduras, y como subdirector al coronel Kennet Odbulio Sabillón.

El coronel Orlando Francisco Maradiaga asumirá como inspector de centros penales, y el oficial Marvin Rajo, como asistente del director de los centros penales.

Hernández no precisó las razones por las que nombró nuevas autoridades que asumirán el control del sistema penitenciario, pero la decisión la tomó una semana después de que unos siete presos se fugaran de la Penitenciaria Nacional, ubicada unos 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

Según las autoridades, los presos burlaron el anillo de seguridad militar de la cárcel, que desplegó el Gobierno hondureño en agosto de 2013 pasado, tras un enfrentamiento en esa prisión que dejó tres reos muertos y otros nueve heridos.

El gobernante anunció que también "se tomarán otras serie de medidas en paralelo a estos cambios" en relación al "uso de la tecnología con respeto a la seguridad en los centros penales".

Además, dijo que "todo un sistema de inteligencia estará monitoreando desde adentro y afuera los centros penales" del país centroamericano.

Las cárceles de Honduras, que albergan a unas 13.000 personas cuando su capacidad es para unas 8.000, son consideradas una "bomba de tiempo" por el hacinamiento y otras condiciones infrahumanas en las que viven los presos, lo que reconocen las máximas autoridades de la nación centroamericana.