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  • EFE

La violencia, la inseguridad y el desgobierno se han extendido en Libia, mientras las misiones diplomáticas extranjeras continúan abandonando el país y evacuando a sus ciudadanos temerosas de un colapso total de las instituciones.

El último país en anunciar hoy la retirada "temporal" de su embajador ha sido España, que el día 29 ya evacuó a 37 residentes. Su decisión sigue a las tomada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Egipto, Italia, Grecia o Argelia, entre otros países.

La ya deteriorada situación de seguridad se agravó el pasado día 13, cuando las milicias de la ciudad de Misrata, a 200 kilómetros al este de Trípoli, lanzaron la operación "Fayer" (Amanecer), destinada a arrebatar el control del aeropuerto internacional de Trípoli a las milicias de Zintán, a 170 kilómetros al sureste de la capital.

Desde entonces, al menos un centenar de personas han muerto en los combates, en los que se están empleando armamento medio y pesado y que continúan hasta hoy en torno al aeródromo.

El Gobierno transitorio de Abdala Al Zani ha lanzado infructuosamente varias iniciativas para lograr un alto el fuego.

Únicamente el Consejo Local de Trípoli logró arrancar de las partes en conflicto un compromiso de tregua de 24 horas para facilitar las labores de extinción de un gran incendio desatado en un almacén de combustible cercano al aeropuerto y que podría causar una catástrofe.

La situación ha comenzado a provocar desplazados y, según la agencia estatal tunecina TAP, sólo anteayer alrededor de 8.000 personas atravesaron el puesto fronterizo de Ras Yedir en dirección a Túnez.

Las autoridades de este país vecino, temerosas de otra crisis humanitaria como la que se desató durante el levantamiento popular armado de 2011 contra el dictador Muamar el Gadafi, han advertido de que podrían cerrar sus fronteras si se vuelve a repetir una huida masiva de refugiados como la de entonces.

La caída de Libia en el caos y el desgobierno ha sido progresiva desde las elecciones parlamentarias del 7 julio de 2012, fruto de las diferencias políticas, étnicas y territoriales existentes tanto dentro como fuera del Parlamento.

Estos desencuentros, que afectaron también a las relaciones entre los distintos ejecutivos y el Parlamento, provocaron el bloqueo de la transición democrática y la paralización de la reconstrucción de las instituciones del país.

No pueden controlar proliferación de armas

Las autoridades han reconocido en numerosas ocasiones su incapacidad de controlar la proliferación de armas, de crear un Ejército y una Policía eficientes o de integrar a las milicias surgidas en el levantamiento de 2011 en los aparatos de seguridad.

En este contexto, al que hay que añadir un muy débil sistema judicial, las milicias han impuesto en muchas ocasiones sus intereses a los diputados mediante la intimidación de las armas y han desoído las decisiones ejecutivas, como la que determina su salida de los cascos urbanos.

El pasado verano, milicias federalistas del este del país se hicieron con los principales puertos petroleros, desatando una crisis que desembocó en la destitución, el pasado 11 de marzo, del primer ministro Ali Zidán, acusado de ser incapaz de controlar la situación de seguridad.

Un mes antes, el Parlamento había tomado la decisión de prolongar su mandato, que finalizaba el 7 de febrero, lo que desató otra crisis de legitimidad que el país arrastra hasta hoy.

En Bengasi, capital del este libio, el general retirado Jalifa Hafter, que ya había denunciado al Parlamento por ampliar su mandato, se sublevó el 16 de mayo al mando de milicianos y paramilitares con el objetivo declarado de expulsar de la ciudad a los grupos islamistas a los que acusa de estar detrás de la ola de atentados que sufre la ciudad.

Desde entonces, varios cientos de personas han muerto en el conflicto que mantienen abierto las fuerzas leales a Hafter, a quienes se han unido varias unidades del Ejército como las Fuerzas Especiales "Saiqa", con las milicias islamistas y yihadistas reunidas en un frente conocido como "Consejo de los Revolucionarios".

Ante el paroxismo en el que cayeron las instituciones políticas, se anunciaron nuevas elecciones generales, celebradas el 25 de junio, con la esperanza de remontar la deteriorada situación.

El próximo 4 de agosto, en medio de esta caótica situación de descontrol y con las representaciones diplomáticas en desbandada, el nuevo Parlamento tiene previsto celebrar su primera sesión.