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  • EFE

El juicio por violaciones a los derechos humanos que afrontará el lunes el ex presidente peruano Alberto Fujimori comprende las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Un total de 25 personas murieron en esas masacres perpetradas durante el gobierno fujimorista (1990-2000), cuando surgió el Grupo Colina, un comando militar encubierto supuestamente creado por su brazo derecho, Vladimiro Montesinos.

El 3 de noviembre de 1991 quince personas, entre ellas un menor de 8 años, fueron asesinadas en Barrios Altos, en el centro de Lima, "por sujetos fuertemente armados que llegaron en vehículos adscritos a instituciones estatales y que actuaron con total impunidad", según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

La incursión, en la que irrumpieron en una fiesta benéfica en busca de integrantes de Sendero Luminoso, fue la primera acción atribuida al "escuadrón de la muerte", en momentos en que el grupo maoísta atemorizaban Lima.

La investigación se inició recién en 1995 cuando la fiscalía acusó al entonces jefe del Servicio de Inteligencia, el general Julio Salazar Monroe, y al supuesto responsable de Colina, Santiago Martín Rivas, entre otros.

Ocho meses después de este crimen, en la madrugada del 18 de julio de 1992, Colina secuestró a nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad de La Cantuta, al este de Lima, a los que después aniquiló.

Fujimori había visitado esa universidad y se había topado con una violenta reacción de los estudiantes, por lo que impuso el toque de queda y un férreo control militar convencido de que cobijaba terroristas.

Según la CVR, los agresores irrumpieron en la residencia universitaria y, en presencia de un centenar de testigos, secuestró a las víctimas sin que ninguna autoridad diera razón de su paradero e incluso negaran esa incursión.

En abril de 1993, el Congreso abrió una investigación de ese crimen y un mes después el general Rodolfo Robles Espinoza reconoció que Montesinos y altos mandos del Ejército mantenían un comando operativo responsable de estas dos matanzas, que ahora podrían costarle a Fujimori 30 años en prisión.

Robles Espinoza terminó enjuiciado por ultraje a la nación, justo cuando se hallaron los restos calcinados y seccionados de las víctimas en una quebrada cercana a Lima, tras una denuncia periodística.

Ante la presión de la opinión pública, se dispuso por ley un proceso judicial en el fuero castrense contra varios militares, que fueron condenados al sostener que habían actuado por cuenta propia.

En 1995 una ley de amnistía les devolvió la libertad y hubo que esperar hasta 2001 para que la Fiscalía vinculara a Fujimori a estos casos, quien un año antes se había fugado a Japón.

Ese año también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó reabrir las investigaciones y el pago de una indemnización por parte del Estado a los familiares de las víctimas, pero recién en 2005 se inicia un nuevo proceso por Barrios Altos y La Cantuta, contra los verdaderos jefes de "Colina" y el propio Montesinos, todos presos en la actualidad y sin haber sido aún sentenciados.

Algunos de los procesados testificaron que Fujimori siempre conoció las atrocidades cometidas por el temido grupo Colina.

Fujimori también deberá responder por los secuestros en 1992 del el ex corresponsal del diario español El País en Perú, Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en el denominado caso " Sótanos SIE" (Servicio de Inteligencia del Ejército).

Horas después del autogolpe de Fujimori del 5 de abril de 1992, Gorriti fue detenido en su domicilio y trasladado a la Comandancia General del Ejército, conocido como "El Pentagonito", en Lima.

Gorriti, quien se negó a entregar sus archivos periodísticos, fue liberado dos días después gracias a las gestiones de España y Estados Unidos, entre otros.

Dyer, detenido ilegalmente el 27 de julio de 1992 en el aeropuerto internacional de Lima, fue recluido por presuntamente colaborar con Sendero Luminoso en el "Pentagonito", donde permaneció hasta su fuga 9 días después. EFE