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  • EFE

El juez Miguel Ángel Gálvez suspendió ayer la audiencia de primera declaración de 13 integrantes de una red criminal que operaba en las prisiones de Guatemala, liderada por el excapitán del Ejército, Byron Lima, quien cumple una sentencia de 20 años por el asesinato del obispo Juan Gerardi.

Gálvez, presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo, anunció la suspensión de la diligencia con el fin de que los abogados de los capturados puedan conocer la investigación y las pruebas contra sus clientes.

Los juristas alegaron que no habían tenido acceso a las pesquisas realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el juez aceptó la solicitud y reprogramó la audiencia para el próximo lunes.

Sin embargo, la diligencia sirvió para que a los 13 detenidos Gálvez les hiciera saber el motivo de su captura, el pasado miércoles.

De acuerdo con la Cicig, Lima lideraba la red criminal que cobraba hasta US$100.000 por negociar el traslado de reos en las cárceles del país centroamericano.

Uno de los beneficiados con los recursos, capturado y destituido del cargo, era el director del Sistema Penitenciario (SP) Edgar Camargo, quien recibía al menos US$6,000 por cada traslado que autorizaba.

La Cicig asegura que cuenta con todos los medios de prueba en contra de la red que dirigía Lima desde la cárcel de Pavoncito, situada a unos 23 kilómetros al sureste de la capital guatemalteca.

El exmilitar, preso desee 1998, fue trasladado el miércoles de esa prisión a otra cárcel que funciona en el cuartel Matamoros, en la ciudad, con lo que, según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, “se le quitó el poder que ostentaba” en el centro de detención.

La investigación para detener a la red duró un año, según el comisionado de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, quien sostiene que tienen siete casos documentados en los que se cobró por el traslado de reos.