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  • EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó hoy de que ha presentado ante la CorteIDH un caso de "masacres" y otras violaciones contra indígenas mayas en comunidades del norte de Guatemala entre 1981 y 1986 por considerar que, tres décadas después, permanecen "en la impunidad".

El organismo indicó que el pasado 5 de agosto pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitir un fallo respecto a hechos que tuvieron lugar durante la guerra interna de Guatemala en la aldea de Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal, en el departamento norteño de Baja Verapaz.

La CIDH pidió a la corte intervenir "porque consideró que el Estado de Guatemala no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo" que le hizo, según indicó el propio organismo en un comunicado.

"Este caso permitirá obtener un pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala y su inaplicabilidad para hechos como los de este caso", indicó.

"La interpretación de la Ley de Reconciliación Nacional en Guatemala está consolidando la situación de impunidad estructural existente respecto de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado", añadió el organismo.

El caso elevado a la corte "se relaciona con masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones sexuales en contra de los miembros (de Chichupac y el municipio de Rabinal) en el marco de los operativos por parte del Ejército y colaboradores durante el conflicto armado interno en Guatemala", explicó la CIDH.

"Las víctimas de este caso son 32 personas torturadas y masacradas el 8 de enero de 1982, y otras 39 personas torturadas y ejecutadas extrajudicialmente en diversos operativos ejecutados en Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal entre 1981 y 1986", todos ellos civiles, según precisó la comisión.

VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTOS

Otras ocho personas "fueron desaparecidas entre 1981 y 1984", todas ellas "vistas por última vez bajo custodia de agentes estatales"; y otras tres mujeres fueron víctimas de violaciones sexuales entre 1982 y 1985, agregó.

Una de las tres mujeres fue violada repetidamente y convertida en "víctima de trabajo forzado en la 'aldea modelo Chichupac' bajo órdenes de miembros del Ejército Nacional".

Según la comisión, los sobrevivientes de la aldea de Chichupac y las comunidades vecinas "fueron víctimas de desplazamiento forzado", y en el caso "se perpetraron violaciones del derecho a la honra y dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a la propiedad y a los derechos políticos".

"Los hechos del caso constituyeron parte del genocidio contra el pueblo indígena maya en Guatemala. Pasadas más de tres décadas de ocurridos los hechos y más de dos décadas de la primera denuncia, los hechos se encuentran en la más absoluta impunidad", indicó.

Según la comisión, el Estado de Guatemala no cumplió sus recomendaciones de "reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos en el aspecto material, moral y cultural, identificar a las víctimas (...), así como investigar de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable", entre otras.

También pidió al Estado "disponer de las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que han contribuido a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos", añadió.