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  • EFE

El pleno del Congreso de Perú aprobó hoy por unanimidad un proyecto de ley que propone sancionar hasta con quince años de cárcel la trata de personas en todas sus modalidades y características, informaron fuentes del legislativo.

La propuesta, que fue enviada por el Ejecutivo con carácter de urgencia, fue exonerada del dictamen de la Comisión de Justicia, a propuesta de la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, quien consideró que se trataba de "un tema sensible" cuya sanción es reclamada por todos los sectores del país.

El congresista opositor Juan Carlos Eguren, presidente de la comisión legislativa encargada del tema, presentó un texto sustitutorio que recogía las propuestas de tres proyectos de ley "en el mismo sentido y con la misma orientación", que ya había valorado su grupo de trabajo.

Este documento final fue aprobado en primera votación y exonerado de la segunda que ordena el reglamento del Congreso, con el voto favorable de los 82 legisladores presentes en el hemiciclo legislativo.

Eguren dijo que la propuesta modifica el artículo 153 del Código Penal para reprimir con condenas no menores a ocho años ni mayores a quince años el empleo de toda forma de violencia, amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, además de concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio.

La ley también plantea aplicar igual sanción contra los que promuevan, favorezcan, financien o faciliten la comisión del delito y considera como trata de personas la captación, el transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niños o adolescentes con fines de explotación.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, que ha quedado lista para ser promulgada por el presidente Ollanta Humala, se considerará explotación la venta de niños y adolescentes, la prostitución, la esclavitud y toda forma de explotación sexual.

Además, la obligación a mendigar, la realización de trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a esta y cualquier forma de explotación laboral, la servidumbre y la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga.

El texto aprobado también deja sin efectos jurídicos el consentimiento dado por la víctima mayor de edad, cuando el agente haya recurrido al engaño.

Durante el debate de la propuesta, las congresistas Karla Schaefer, Natalie Condori y Rosa Mavila manifestaron su total apoyo y la primera de ellas incluso dijo que se debía aplicar la cadena perpetua y hasta la pena de muerte a los que se dedican a estas prácticas de lesa humanidad.

Marisol Pérez Tello, del centrista Partido Popular Cristiano, planteó que para este delito no tenga efectos jurídicos el aparente consentimiento del menor o de una mujer adulta en casos de prostitución ya que, enfatizó, la norma busca proteger la dignidad humana en su conjunto.

La fujimorista Cecilia Chacón sugirió que se incluyera una propuesta para promover la creación de casas de refugio para acoger a las víctimas de ese delito, aunque Eguren advirtió que ello conllevaba una iniciativa de gasto que no pueden dictaminar los congresistas.

Eguren propuso, sin embargo, que los grupos parlamentarios asuman el compromiso de incluir en la Ley de Presupuesto Público del próximo año una partida específica en el pliego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.