elnuevodiario.com.ni
  •   Ciudad de México  |
  •  |
  •  |
  • EFE

El inmigrante hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo, que ayer recuperó su libertad tras casi seis años en una prisión mexicana, exigirá la reparación del daño y el castigo a los funcionarios implicados en su caso, informaron ayer sus abogados en una rueda de prensa.

Colón Quevedo fue acusado de crimen organizado, torturado, discriminado, encarcelado y violados sus derechos durante el tiempo que estuvo en una cárcel de Tepic, en el occidental estado de Nayarit, señalaron.

“Se cometieron serias violaciones a sus derechos humanos y las autoridades mexicanas se tienen que hacer responsables, y reparar el daño de estar cinco años y siete meses en prisión y lejos de su familia”, dijo Denise González, abogada del Centro Prodh, organismo que asumió la defensa del hondureño.

El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, hizo un “llamado a la no impunidad, a la investigación y a la sanción de los funcionarios, porque no hay un control ni una supervisión de los actos de las autoridades”.

“A una irregularidad se sumó otra irregularidad y así subsecuentemente. Todos esos funcionarios necesitan ser investigados y sancionados. Si no se castiga y sanciona (...) lo que le sucedió a Ángel, le seguirá sucediendo a migrantes en tránsito en nuestro país”, apuntó.

Busca justicia

La reparación del daño, además del resarcimiento económico, incluye otros dos conceptos básicos: la verdad y la justicia.

Colón Quevedo dijo que pedirá apoyo sicológico y de salud al Centro Prodh y permanecerá en México algunos días. También aseguró que no tiene resentimiento hacia las personas que lo torturaron.

“Es una liberación para mí otorgarles el perdón, aunque los recuerdos estén en mi mente y me hayan marcado”, afirmó.

Colón, que fue presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña, defensora de los derechos culturales y territoriales de los garífunas, dijo que soportó todo gracias a sus principios religiosos y a que trató de vivir su fe.

Además, se convirtió en su propio defensor dentro de la cárcel y ahora buscará dar a conocer más casos de migrantes centroamericanos que están detenidos en cárceles mexicanas.

El hondureño, que fue declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional (AI), fue detenido en marzo de 2009 en Tijuana, cuando policías allanaron la vivienda donde un traficante de personas lo mantenía antes de llevarlo a la frontera con Estados Unidos.