•   TELOLOAPAN, MEXICO  |
  •  |
  •  |
  • AFP / Edición Web

El grito de auxilio se lanzó hace tiempo, pero no fue hasta la sonada desaparición de 43 estudiantes que el Gobierno mexicano estuvo obligado a mirar hacia la región de Guerrero (sur), donde el poder y la infiltración del narcotráfico eran un secreto a voces.

En este aterrador panorama, Manuel es consciente de su fortuna. Hace dos años, un grupo del crimen organizado lo secuestró en una carretera de la sierra y ocho semanas después, cuando su familia ya asumía que se había unido a la larga lista de desaparecidos de la zona, apareció milagrosamente con la misma ropa hecha harapos en una ciudad vecina.

Manuel explica que los narcos decidieron soltarlo por su débil estado de salud tras comprobar que no era un informador de un cártel rival.

Durante dos meses, el hombre durmió a la intemperie del cerro junto a otros 15 compañeros de cautiverio, maniatado, con los ojos vendados y sujeto a humillaciones.

“La primera semana nos estuvieron golpeando a diario hasta que perdí el conocimiento”, relata a la AFP este hombre robusto de mediana edad que, por seguridad, es identificado con el nombre falso de Manuel.

“¿Por qué se espanta?”

Con miedo todavía a salir a la calle, Manuel afirma con conocimiento de causa: “No entiendo por qué se espanta ahora el Gobierno con el caso de los estudiantes. Aquí hemos vivido lo peor”.

La conmoción sigue dentro y fuera de México por la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero) desde que la noche del 26 de septiembre fueron tiroteados por policías locales en la cercana ciudad de Iguala, quienes supuestamente después los entregaron a sicarios del cártel local Guerreros Unidos.

En Iguala y alrededores, los desaparecidos se cuentan por decenas, igual que las fosas clandestinas que han venido descubriéndose con más de 80 cadáveres solo en este 2014.

Desaparecidos en 2010

María Guadalupe Orosco todavía llora al recordar cómo su hijo Francis, de 32 años, desapareció junto con otros cinco amigos después de unas fiestas del pueblo en 2010.

La mujer asegura que hay testigos que demuestran que fue el Ejército el que se los llevó y, desde entonces, no se ha cansado de denunciar el caso, de tocar inútilmente a las puertas de todas las autoridades e, incluso, de husmear en varias prisiones fingiendo llevar comida a los internos.

“Porque tienen mucho tiempo de desaparecidos, ¿el dolor ya no existe?”, se pregunta con rabia esta madre de cinco hijos indignada de que el Gobierno, ante el reciente hallazgo de 28 cadáveres en Iguala, se limitara a decir que entre ellos no hay estudiantes. Esas personas “también tienen nombre y familia”, lamenta.

Ofrecen recompensa

El Gobierno mexicano anunció este lunes recompensas por más de 100,000 dólares a quienes proporcionen pistas efectivas para encontrar a cada uno de los 43 estudiantes.

El anuncio fue publicado en diarios de circulación nacional como El Universal y La Jornada en un desplegado a doble página en el que también aparecen las fotografías en blanco y negro de todos los jóvenes.

 

El Gobierno mexicano ofrece una recompensa de más de US$100 mil por información que lleve a localizar a los estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala.