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  • EFE

Los militares en las escuelas, los escuadrones de seguridad ciudadana y la declaración de estados de excepción ante situaciones de conflictividad social son "señales preocupantes de la excesiva militarización" que vive Guatemala, afirmó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH pidió a Guatemala más información sobre las funciones de sus fuerzas militares durante una de las cuatro audiencias sobre el país que se celebran en el 153 período de sesiones del organismo, con sede en Washington.

"Vemos una abundancia de señales que muestran que la militarización está muy presente en Guatemala", destacó una de las siete comisarias de la CIDH, Rosa María Ortíz, al frente de la Relatoría sobre Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

De acuerdo con su experiencia, consideró que "los militares no deberían estar en los institutos hablando de principios y valores si lo que se busca es una sociedad de paz".

También criticó que el estado de Guatemala haya declarado en los últimos años cinco estados de excepción, dos por desastres naturales y tres ante situaciones de conflictividad social.

Al respecto, el comisionado Felipe González incidió en que, "como su propio nombre indica, los estados de excepción deben declararse solo para ocasiones muy cualificadas y bajo reglas muy acotadas".

La proliferación de grupos de resistencia a proyectos mineros o eléctricos ha potenciado la declaración de estos estados excepcionales, según Iduvina Hernández, de Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala.

A su juicio, "se emplea a las Fuerzas Armadas para hacer frente a la conflictividad social que despiertan proyectos contra recursos naturales. Estos estados de sitio son aprovechados por las autoridades para denunciar ante los tribunales a los líderes comunitarios y cursar órdenes de captura en su contra".

Como ejemplo, Hernández explicó que, en mayo de 2013, el Ejecutivo guatemalteco decidió declarar el estado de sitio en la región de San Rafael las Flores ante las intensas protestas contra la mina El Escotial, de la empresa canadiense Tahoe Resources.

"El estado de sitio fue una excusa para desplegar a 3.500 soldados que usaron de manera indebida la fuerza, ocuparon espacios públicos, restringieron la libertad de asociación y acosaron sexualmente a mujeres", precisó.

Durante estas protestas, se produjo el intento de asesinato de siete líderes comunitarios opuestos al proyecto minero, hechos por los que se encuentra en prisión preventiva el exjefe de seguridad de la mina, Alberto Rotondo.

Sin embargo, para el Gobierno "considerar que la declaración de estados de excepción se produjo para ejercicios de control o de ocupación territorial es algo impropio, injusto y absurdo".

De esta forma, el portavoz presidencial del país para los Derechos Humanos, Antonio Morales, dijo que Guatemala aceptaba las recomendaciones de la CIDH, pero no el sacrificio de la seguridad de los ciudadanos "por infundados prejuicios" sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad interna.

En ese sentido, incidió en el "enorme y valioso trabajo de desmilitarización" y de "construcción de Estado de Derecho" que ha realizado el país tras una guerra civil de 36 años (1960-1996) en la que "todo era militar".