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La investigación de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos ha conducido a las autoridades hasta un basurero rodeado de montañas, donde peritos rastrean una ladera en busca de pistas o restos de los jóvenes, cuyo destino mantiene en vilo al país.

La fiscalía sospecha que en ese serrano lugar del pueblo de Cocula (Guerrero, sur) policías locales corruptos entregaron los jóvenes a sicarios del cártel local Guerreros Unidos.

“Por eso aquí se está realizando un trabajo pericial de búsqueda de osamentas. Ya se encontraron huesos, pero los peritajes deben determinar si son de animal o de ser humano”, dijo a la AFP una fuente del gobierno federal.

Desde el basurero, al que la fiscalía permitió ayer el acceso a un grupo de reporteros gráficos, se pudo ver a al menos 15 peritos revisando el fondo de una ladera de unas decenas de metros de profundidad.

Difícil acceso

Apoyados por perros especializados, los expertos, vestidos con trajes blancos y tapabocas, tenían colocados una veintena de banderines naranja en el suelo, donde había algunas marcas de tierra quemada, pero no existía rastro aparente de cuerpos.

Para llegar al basural de Cocula hay que recorrer varios kilómetros de angostos caminos de tierra y de piedra, rodeados de campos de maíz, constató un equipo de la AFP.

Fiscalía cautelosa

Apenas unas chozas, unos burros y cabras se ven al inicio del inhóspito camino que lleva de este pueblo de 15,000 habitantes al lugar donde se depositan sus desechos.

Cocula se encuentra a una veintena de kilómetros de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los 43 jóvenes el pasado 26 de septiembre.

Esa noche, decenas de estudiantes de una escuela rural que forma maestros en Ayotzinapa (Guerrero), muy activa en la lucha social, fueron atacados a tiros por policías locales y sicarios de Guerreros Unidos, el cártel que domina esta empobrecida región y tenía a su servicio a sus autoridades.

Seis personas, incluidos tres estudiantes, murieron en los ataques y otras 43 siguen en paradero desconocido, a pesar de que el gobierno federal mantiene a unos 2,000 policías y militares peinando la región por tierra, agua y aire.

Por declaraciones de detenidos, la fiscalía teme que los jóvenes fueron entregados por policías corruptos de Iguala y de Cocula a sicarios de los Guerreros Unidos, y que estos los habrían asesinado y enterrado. Sin embargo, ha pedido cautela sobre esta versión hasta encontrar a los jóvenes.

Detenidos dan pistas

Tras las desapariciones, las autoridades han hallado a al menos 38 cadáveres en fosas en los alrededores de Iguala. Los estudios realizados a 28 de los cuerpos no permiten relacionarlos con los estudiantes desaparecidos, según la fiscalía.

Otras decenas de cadáveres han sido desenterrados este año, en esa zona en disputa por varios cárteles de la droga.

Las pistas para llegar al basurero de Cocula la dieron cuatro presuntos miembros de Guerreros Unidos detenidos el lunes reciente.

Dos de ellos confesaron su participación en la “desaparición y destino” de los estudiantes, dijo el fiscal general, Jesús Murillo Karam. Los otros dos detenidos serían “halcones” (vigilantes) de Guerreros Unidos, señaló.

Van 58 detenidos

Con las últimas cuatro, suman ya 56 detenciones --entre policías locales, funcionarios y miembros del narco-- por este crimen que ha conmocionado a México y el mundo.

El gabinete de seguridad, que engloba a todas las dependencias de seguridad y justicia, sesionó este martes en Guerrero.

En cuanto a los motivos del ataque que sufrieron los jóvenes, las autoridades siguen tratando de capturar a José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, y su esposa.

A Abarca se le acusa de ordenar reprimir a los estudiantes, porque temía que los jóvenes fueran a boicotear un acto público de su esposa, quien aspiraba a sucederle en 2015 al frente de la alcaldía de esta ciudad de 140,000 habitantes.

María de los Ángeles Pineda, hermana de narcotraficantes, está acusada de ser la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala, a 200 kilómetros de Ciudad de México.

La crisis política por la desaparición de los jóvenes ya motivó la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fuertemente cuestionado por su falta de respuesta ante el crimen.