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  • EFE

El Senado de Estados Unidos bloqueó hoy una reforma para poner fin al almacenamiento masivo de datos telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), una medida que tenía el apoyo de la Casa Blanca y que era consecuencia directa de las filtraciones de Edward Snowden.

La polémica reforma, denominada USA Freedom Act, se quedó a dos votos (58) de los 60 necesarios para avanzar en la Cámara Alta, con toda la bancada republicana en contra salvo cuatro senadores, entre ellos Ted Cruz (Texas).

La Cámara de Representantes aprobó su propia versión de la reforma en mayo, pero no consiguió suficiente apoyo entre los defensores de la privacidad.

Por eso un nuevo texto rectificado que incorporaba esas preocupaciones llegó al Senado este verano y logró el apoyo del presidente Barack Obama, de las principales empresas tecnológicas y de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

Si el Congreso, que a partir de enero estará bajo el control absoluto de los republicanos, no actúa, se enfrenta a la expiración el 1 de junio de una disposición clave de la ley USA Patriot Act que habilita a la Inteligencia del país a recopilar datos telefónicos dentro de la lucha contra el terrorismo.

El republicano Mitch McConell, que en enero pasará de líder de la minoría a líder de la mayoría en el Senado, es uno de los legisladores que se ha opuesto con más énfasis a la reforma, alegando que "acabaría con una de las vías claves de la nación para recopilar información relevante de Inteligencia sobre amenazas terroristas".

"Este es el peor momento posible para atarnos las manos", añadió, tras referirse a la amenaza del Estado Islámico (EI) en Irak y Siria y las decapitaciones de occidentales de los últimos meses a manos de este grupo yihadista.

La reforma prohibiría a la NSA almacenar por su cuenta miles de millones de "metadatos" telefónicos, incluidos los de la práctica totalidad de las conexiones telefónicas de los estadounidenses.

Según esta norma serían las compañías telefónicas estadounidenses las que mantuvieran esa información, que se limita a número teléfono, duración de la llamada o localización, durante 18 meses.

La NSA tendría acceso a esos datos solo mediante una autorización judicial en la que provea detalles de la razón específica por la que se desean rastrear comunicaciones y para investigar planes terroristas orquestados desde el extranjero.