•   San José, Costa Rica  |
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  • ACAN.EFE

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, levantó ayer un veto a una reforma procesal laboral que tildó de “histórica”, pero al mismo tiempo se distanció del sector empresarial y la oposición política, que rechazan la iniciativa.

La reforma fue aprobada de forma unánime en el Congreso en el 2012, incluso por partidos que la rechazan, y semanas después fue vetada por la entonces presidenta Laura Chinchilla (2010-2014), argumentando que legaliza las huelgas en servicios esenciales como salud, seguridad, puertos, aeropuertos, entre otros.

Solís levantó el veto ayer, un día antes de que, según algunas interpretaciones legales, se venciera un plazo reglamentario para que la ley entrara en vigor o fuera reintroducida al Congreso para realizarle cambios.

“Hoy después de siete décadas desde la promulgación del Código de Trabajo que cambió el curso de las relaciones obrero-patronales, nos aprestamos a vivir otro momento histórico. Nos proponemos a ponernos al día (con la legislación laboral) con el levantamiento del veto impuesto a la ley”, dijo Solís en conferencia de prensa.

“Despidos abusivos”

El mandatario aseguró que la reforma tiene “grandes contribuciones” como el establecimiento de juicios laborales orales, asistencia legal gratuita para los trabajadores y herramientas contra “despidos abusivos”.

“La reforma contribuye a la paz social, pues a partir de mayo de 2016, cuando entre en vigor, se podrán descongestionar los estrados judiciales con la introducción de la oralidad en el proceso y mecanismos de conciliación”, expresó.

Según el mandatario, el componente de huelgas en el sector público y privado “no le satisface”, pero afirmó que al entrar en vigor dentro de 18 meses los diputados tendrán tiempo para realizarle cambios, aclaraciones o precisiones por medio de otra reforma o vía reglamento.