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  • EFE

El asesinato de un periodista que indagaba los supuestos lazos entre políticos y el tráfico de drogas ha desatado la alarma en Paraguay, principal productor de marihuana de Suramérica, sobre la posible existencia de un sistema de "narcopolítica", que está siendo investigando por el Congreso.

Esa hipótesis cobró fuerza tras el asesinato el pasado 16 de octubre de Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en el departamento de Canindeyú, en la zona fronteriza con Brasil, y de su acompañante Antonia Almada.

Medina se unía así a los otros dos periodistas paraguayos asesinados este año, Fausto Alcaraz y Elías Fernández Fleitas, a quienes también mataron por sus denuncias sobre la connivencia entre el narcotráfico y funcionarios públicos, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Sin embargo, el asesinato de Medina tuvo mayores consecuencias políticas que las de sus compañeros.

Poco después de su muerte la Fiscalía imputaba como autor intelectual del crimen a Vilmar Acosta, que se dio a la fuga cuando todavía ejercía de alcalde por el oficialista Partido Colorado en un pueblo del departamento de Canindeyú próximo a Brasil, el principal destino de la marihuana paraguaya.

Acosta, que según ABC Color había amenazado a Medina, está también imputado por narcotráfico, después de que la policía encontrara un centro de acopio de marihuana en una estancia propiedad de su familia.

Tras el asesinato, el diario recogió el testigo informativo de Medina y denunció que Cristina Villalba, diputada del Partido Colorado, era la "madrina" política de Acosta.

A raíz del seguimiento de esos sucesos por parte de la prensa, que ha ido por delante de las autoridades en la investigación, el Congreso abrió una comisión para recabar documentación sobre el crimen.

La novedad es que la comisión se encargará también de investigar la posible relación del mismo con una supuesta infiltración de organizaciones dedicadas al narcotráfico en las instituciones del Estado.

A raíz de esto, el Senado reveló un informe de la estatal Secretaría Antidrogas (Senad) basado en escuchas telefónicas, en las que se menciona a varios diputados del gobernante Partido Colorado, quienes luego negaron toda vinculación con "capos" del narcotráfico.

Las denuncias de la prensa también salpicaron al ministro de la Corte Suprema de Justicia paraguaya Víctor Núñez, también en el punto de mira de ABC Color.

El rotativo aseguró, tras la muerte de Medina, que Núñez presionó para obtener la libertad de Acosta y de su padre, Vidal Acosta, en 2011, cuando ambos estaban en la cárcel por haberse encontrado restos humanos en una fosa común cavada en el patio de la casa familiar.

Finalmente, Núñez presentó su dimisión a primeros de diciembre.

Estos hechos coinciden con la aprobación en Paraguay de una ley de transparencia política considerada un hito internacional por las organizaciones que trabajan por la libertad de expresión y contra la corrupción.

Esta legislación, que entrará en vigencia en el 2015, obliga a las instituciones y a los funcionarios a divulgar la información solicitada por cualquier ciudadano sobre salarios, viajes oficiales, contratos y otros datos que no estén definidos como secretos.

Por otro lado, el país suramericano, que celebra este año su entrada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, continúa cuestionado por no cumplir las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) he emitido en su contra.

Tres de esas condenas son por permitir la violación de los derechos de los indígenas en Paraguay.

Además la ONU ha exhortado este año en varias ocasiones a Paraguay a comprometerse en la investigación de los más de 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

El año se cierra en Paraguay sin que el presidente Horacio Cartes, un empresario multimillonario que asumió el poder en agosto de 2013, haya abordado el desigual reparto de la tierra, un factor vital en un país cuya principal economía son la agricultura y la ganadería.

Cartes tampoco ha podido resolver el problema de la violencia guerrillera.

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que el Gobierno atribuye 38 muertes de civiles y militares desde su fundación, en 2008, mantiene secuestrado a Arlan Fick, de 17 años, desde el pasado 2 de abril.

Y al policía Edelio Morínigo, de 24 años, desde el pasado 5 de julio.