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  • EFE

El extraditado ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) comenzó el lunes en Lima a ser enjuiciado por violaciones a los Derechos Humanos por un tribunal supremo que afirmó que le someterá a un proceso "penal y no político".

Fujimori es enjuiciado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un cuartel policial de Lima por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron un total de 25 personas, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

La fiscalía acusa a Fujimori de ser "autor mediato" (haber planificado, organizado y dirigido las acciones) de esos delitos, cometidos por el grupo militar encubierto "Colina", y pide que sea condenado a treinta años de cárcel.

Al inicio del proceso, los miembros del tribunal emitieron un pronunciamiento en el que aseguraron que serán "firmes" en sus decisiones y reconocieron que son "conscientes de la expectativa social" que ha generado el juicio. El tribunal remarcó su "independencia e imparcialidad judicial" y el "pleno respeto a los principios del derecho penal".

Dignificación de las víctimas

El Ministerio Público pidió, posteriormente, que se establezcan "algunos márgenes complementarios a la reparación civil", que incluyan "medidas de rehabilitación, atención médica, psicológica y social para las víctimas".

Además, medidas de satisfacción, para la "dignificación de las víctimas" y "de no repetición", mediante la exhortación "a los poderes Ejecutivo y Legislativo a adecuar la legislación vigente a los estándares del derecho internacional".

El abogado defensor de Fujimori, César Nakasaki, pidió a la Sala Penal que rechace esa petición, ya que, según dijo, "el Estado peruano ha ejecutado una indemnización en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Su solicitud fue rechazada por el tribunal, que preside el vocal supremo César San Martín, que aceptó incorporar la petición del Ministerio Público y dijo que "en su día se determinará con la sentencia si corresponde aplicarla o no".

Posteriormente, se presentó a 43 testigos del proceso, entre los que se vio al ex vicepresidente Máximo San Román, al ex jefe de las fuerzas especiales del Ejército Luis Pérez Documet y al ex jefe policial Antonio Ketín Vidal.

El 3 de noviembre de 1991 quince personas, entre ellas un menor de 8 años, fueron asesinadas en Barrios Altos, en el centro de Lima, "por sujetos fuertemente armados que llegaron en vehículos adscritos a instituciones estatales y que actuaron con total impunidad", según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

La incursión, en la que irrumpieron en una fiesta benéfica en busca de presuntos integrantes de Sendero Luminoso, fue la primera acción atribuida al grupo "Colina".

Ocho meses después de este crimen, en la madrugada del 18 de julio de 1992, los integrantes de Colina secuestraron a nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad de La Cantuta, al este de Lima, a los que después asesinó.

Días antes, Fujimori había visitado esa universidad y se había topado con una violenta reacción de los estudiantes, por lo que impuso el toque de queda y un férreo control militar convencido de que cobijaba terroristas.

Fujimori también debe responder por los secuestros en 1992 del periodista Gustavo Gorriti, ex corresponsal del diario español El País en Perú, y el empresario Samuel Dyer en el denominado caso "Sótanos del SIE" (Servicio de Inteligencia del Ejército).

Entre los asistentes al proceso, en una sala adjunta al tribunal, estuvieron tres de los hijos de Fujimori (Keiko, Sachi y Kenji), así como la plana mayor del "fujimorismo".

A las afueras de la sede policial donde se celebra el juicio, un grupo de seguidores del ex gobernante se manifestó y lanzó arengas reclamando la inocencia del ex gobernante.

Una victoria de Sendero

El congresista Carlos Raffo, portavoz del ex presidente, consideró que el juicio es "una victoria de Sendero" Luminoso, el grupo armado al que los fujimoristas se atribuyen haber derrotado.

Raffo responsabilizó a los organismos no gubernamentales y de la sociedad civil del proceso, que consideró "una victoria pírrica" y "una oportunidad brillante de que se conozca toda la verdad".