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  • EFE

El prófugo empresario peruano Martín Belaúnde Lossio, exasesor de campaña del presidente Ollanta Humala, viajó a Bolivia en junio pasado, seis meses antes de solicitar el refugio en ese país, según informó ayer el diario peruano La República.

Citando a fuentes de la Sala Penal Nacional, el periódico agregó que “lo más probable es que (Belaúnde Lossio) haya ingresado a ese país de manera legal, antes de que se notificara la orden de captura a la Policía”, dictada por un juez el 29 de mayo pasado.

De acuerdo con el matutino, el prófugo habría ingresado a Bolivia a fines de mayo o los primeros días de junio de 2014, poco después de que el juez Richard Concepción decretara su prisión preventiva, por 18 meses, por el caso de “La Centralita” abierto contra el expresidente regional de Ancash, César Álvarez.

En ese caso, Belaúnde Lossio es investigado como presunto dirigente de una campaña de seguimiento y acoso a los rivales políticos de Álvarez.

Intereses personales

El prófugo empresario ha sido acusado, además, de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos para él.

Por esos casos está acusado de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir, y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.

El diario limeño mencionó los correos electrónicos que el exasesor de Humala envió a sus colaboradores en los últimos meses, que aparentemente procedían de Bolivia, según reveló también el programa dominicial Cuarto Poder.

La orden de captura internacional fue emitida el pasado 5 de septiembre y la Policía Internacional (Interpol) envió ese mandato a sus sedes el 11 de septiembre.

El periódico afirmó que, en los meses transcurridos, Belaúnde Lossio habría establecido “una red de contactos entre políticos bolivianos que avalarían y apoyarían su pedido de refugio”, además de obtener documentos que respaldan su declaración de perseguido político.