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  •   París, Francia  |
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  • AFP

El gobierno francés anunció ayer un plan de medidas para luchar contra el yihadismo que incluye la vigilancia de 3,000 personas, la contratación de clérigos musulmanes en las prisiones y un registro específico de personas condenadas por “terrorismo”.

Por otra parte, cuatro hombres sospechosos de haber dado apoyo material a uno de los autores de los atentados del 7, 8 y 9 de enero pasado en Francia, que dejaron 17 víctimas mortales, fueron inculpados y encarcelados ayer.

Vigilan a 3,000

El primer ministro Manuel Valls reiteró que las nuevas medidas son “excepcionales pero no de excepción” e incluyen la contratación de más de 2,600 personas, así como el refuerzo de la lucha contra el “ciberyihadismo”.

“En total son cerca de 3,000 las personas que hay que vigilar”, reveló Valls en una rueda de prensa junto a los ministros del Interior, de Defensa, de Justicia y de Exteriores. El plan costará un total de 700 millones de euros en un periodo de tres años.

Para “prevenir la radicalización”, el gobierno contratará a 60 clérigos musulmanes para las prisiones, para evitar que durante su encarcelamiento se adhieran a las doctrinas yihadistas y creará zonas especiales en las cárceles para este tipo de presos.

También se pondrá en marcha un fichero especial de personas “condenadas por terrorismo”, quienes deberán notificar regularmente a las autoridades sobre su domicilio y sus viajes al extranjero.

Retirar nacionalidad

Además, Valls pidió una reflexión a todos los partidos políticos sobre la posibilidad de retirar la nacionalidad francesa a las personas condenadas por terrorismo y anunció un proyecto de ley sobre los servicios de inteligencia que será presentado en marzo en el parlamento.

Todas las medidas se tomarán “respetando el Estado de derecho”, confirmó la ministra de Justicia, Christiane Taubira, respondiendo a las críticas de un sindicato de magistrados que solicitó “serenidad” al gobierno para evitar “la represión inmediata”. Como consecuencia de los atentados, el Ejecutivo decidió suprimir 7,500 puestos menos de los que tenía previstos en el Ministerio de Defensa.