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  • EFE

Casi el 85% de la sociedad argentina cree que la muerte del fiscal Alberto Nisman, que denunció a la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas, afecta la imagen de la gobernante, según el sondeo de Management & Fit para Clarín, publicado ayer.

El sondeo revela que 60.9% de los encuestados opinó que la muerte de Nisman, ocurrida hace dos semanas en circunstancias aún sin esclarecer, afecta mucho a la imagen presidencial, mientras que el 23.5% sostuvo que la afecta algo y solo el 12.4% consideró que no la afecta nada.

OPOSICIÓN TAMPOCO PASA

A menos de nueve meses de las elecciones presidenciales argentinas, la percepción de la gestión de Fernández parece haber tocado fondo, pues solo es aprobada por el 25% de la población, frente a casi un 70% de desaprobación.

La jefa de Estado argentina tampoco ha logrado convencer a la población de que la muerte de Nisman forma parte de una conspiración, una afirmación que solo cree el 25.5% de los argentinos, frente al 61.6% que la rechaza.

Sin embargo, la oposición no quedó mucho mejor parada y su actuación en el caso Nisman es bien valorada solo por el 23.5% de la población, mientras que el 45.1% opina que los opositores han tenido una actuación “regular” y el 21.6 %, mala.

Los escasos avances logrados por la investigación sobre la muerte de Nisman han aumentado la percepción generalizada de que esta quedará impune hasta el 71.8% de los entrevistados.

El pasado 21 de enero, tres días después de que el fiscal muriese de un tiro en la cabeza, quienes creían que nunca se conocerían las causas alcanzaron el 69.3%, un 2.5% menos que en este sondeo.

El sondeo, realizado a 1,000 personas mediante entrevistas telefónicas, el pasado 29 de enero, no especifica el margen de error.

Alberto Nisman, de 51 años, era el titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994 y sigue sin ser resuelto.

La muerte del fiscal Nisman ha puesto los focos sobre los opacos servicios de inteligencia, cuya reforma se apresta a debatir el Senado, de mayoría oficialista, pese al fuerte rechazo opositor. La nueva ley prevé la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, AFI, con altos cargos elegidos por el Senado, que reemplace a la actual Secretaría de Inteligencia, SI, y el traspaso del sistema judicial de escuchas a la Procuración General, entre sus puntos más importantes.