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  • AFP

La delegación de paz del gobierno de Colombia fustigó este martes a la guerrilla comunista de las FARC por no comprometerse activamente en el desmantelamiento de los campos minados, existentes en la mitad de los municipios de ese país.

"Desde hace varias semanas hemos tratado el tema de gestos para el desescalamiento del conflicto (armado) y en particular una propuesta sobre desminado (...), que sabemos que es crucial para muchas comunidades colombianas", declaró el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, al romper su costumbre de no hablar con la prensa en las negociaciones de paz de La Habana.

"Eso no es ninguna especulación, es un tema sobre el que hemos venido trabajando desde hace meses y quería claridad (de las FARC) a la opinión pública sobre el deseo del gobierno y la necesidad de que se proceda en esos gestos" de desescalamiento del conflicto armado de medio siglo, agregó visiblemente molesto.

Minutos antes, el comandante guerrillero Pastor Alape había declinado pronunciarse públicamente sobre la limpieza de los campos minados, que según negociadores del gobierno existen en 668 de los 1.100 municipios de Colombia.

"Esperamos que en la mesa (de diálogo) tratemos esos temas para no ponernos aquí a hacer debate (ante la prensa) en ese sentido", señaló Alape ante una pregunta sobre el desminado.

"Son temas de la mesa, (pero) creo que hay, diríamos, un buen camino en esa dirección", añadió Alape, declinando profundizar sobre este complejo asunto.

Más de la mitad de los municipios de Colombia tienen minas antipersonales, según dijo el general retirado Óscar Naranjo, uno de los negociadores del gobierno, en una entrevista publicada el 18 de enero en el diario colombiano El Tiempo.

Desde 1990 las minas antipersonales han dejado 11.006 víctimas, entre muertos y heridos, según el general.

"Las FARC ya han expresado su voluntad para ayudar con el desminado", agregó Naranjo, quien no precisó si la guerrilla cuenta con un mapa propio de campos minados.

Las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de ese país, y el gobierno de Juan Manuel Santos comenzaron en noviembre de 2012. Hasta ahora ambas partes han consensuado tres de los seis puntos de la agenda destinada a acabar un conflicto que ha dejado 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados.

Actualmente las partes discuten el sensible tema de la reparación de las víctimas.