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  • EFE

El Gobierno chino liderado por Xi Jinping continuó en 2014 con su campaña anticorrupción, especialmente contra altos funcionarios, aunque no puso el mismo empeño en garantizar el respeto de los derechos humanos en el país, según el último informe de Amnistía Internacional (AI) divulgado hoy.

Más de 100.000 funcionarios han sido investigados y castigados hasta el año pasado en China por delitos relacionados con la corrupción, algunos de ellos vinculados directamente con el Gobierno, en operaciones a las que Pekín ha dado mucha publicidad, asegura la ONG.

Sin embargo, este intento de limpiar la administración de corruptos contrasta con la severa política de Pekín a la hora de restringir el ejercicio de libertades fundamentales como el derecho a la libertad de expresión e información y la práctica de detenciones ilegales y formas de tortura.

Para AI, los activistas y quienes defienden los derechos humanos en China se exponen a hostigamiento y detenciones arbitrarias. La tortura y otros malos tratos siguen siendo prácticas generalizadas, y para muchas personas es difícil acceder a la justicia.

Las minorías étnicas, entre ellas la tibetana, la uigur (de confesión musulmana) y la mongola, sufren discriminación y son víctimas de medidas represivas de seguridad cada vez más duras.

La ONG estima que un número sin precedentes de trabajadores y trabajadoras se declararon en huelga durante 2014 para reivindicar mejores salarios y condiciones, la mayoría sin resultados.

Aunque la Asamblea Nacional Popular abolió de forma oficial el sistema chino de reeducación por el trabajo, las autoridades han usado otras formas de detención arbitraria, como Centros de Formación en Educación Jurídica, distintas formas de detención administrativa, "cárceles negras" y arrestos domiciliarios ilegítimos.

Autoinmolaciones

Además de haber detectado numerosos casos de tortura, AI asegura que China se ha convertido en uno de los principales fabricantes y exportadores de material antidisturbios y otros objetos susceptibles de ser utilizados para cometer violaciones de los derechos humanos.

Mención especial merece en el informe de AI la política del Ejecutivo chino con respecto a minorías como la uigur, de confesión musulmana, a la que se reprime tras atribuirle numerosos actos violentos.

También, las personas de etnia tibetana seguían sufriendo discriminación y restricciones de sus derechos y varios líderes religiosos, escritores, manifestantes y activistas de la región fueron detenidos de forma arbitraria, según la ONG.

Mientras, el número de autoinmolaciones de tibetanos registradas desde marzo de 2011 se situó ya en 131 y las autoridades persiguieron a sus familiares y amigos, a los que acusaron de haber fomentado o contribuido a dichos actos de protesta.

AI analiza además las masivas manifestaciones que durante el pasado año se registraron en la región administrativa especial de Hong Kong, donde miles de ciudadanos salieron a las calles durante semanas para defender la democracia.

El Gobierno de Pekín efectuó detenciones masivas de manifestantes reunidos en el movimiento "Occupy Central" y ordenó intervenciones policiales en las que se produjeron agresiones a ciudadanos, abusos sexuales a mujeres, además de hostigamiento e intimidación, cita el informe de AI.