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Una asamblea indígena condenó a cuatro nativos a 15 años de prisión por participar en el secuestro de funcionarios de una alcaldía en el suroeste del país y los sentenciados fueron entregados a las autoridades carcelarias estatales, informaron voceros de la comunidad.

"La gente decidió en la asamblea popular indígena que en lugar de darles 'fuetes' latigazos, mejor se fueran a estarse un rato allá" en la cárcel en Popayán, en departamento de Cauca y a 370 kilómetros al suroeste de Bogotá, dijo Vicente Otero, jefe de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Falta un acusado por enjuiciar
Tres de los cuatro indígenas fueron sometidos a juicio por más de siete horas el jueves por la llamada Asamblea de la Comunidad Nasa o Paez, éste último nombre con el que se les conoce fuera de su resguardo, dijo Otero.

El cuarto acusado fue juzgado en ausencia porque aún no ha sido capturado, como ocurrió con los otros tres, que ya fueron entregados en la jornada a las autoridades carcelarias de Popayán, dijo.

Explicó que el pasado 26 de noviembre, la llamada guardia indígena, la policía de los aborígenes, logró detener un auto en que los acusados llevaban secuestrados a seis funcionarios de la alcaldía de Jambaló, una localidad de la región de Cauca.

Una reserva con más de 15.000 indígenas
Otero dio detalles sobre cómo se enteraron del secuestro los guardias indígenas -que no usan armas de fuego, sino bastones de madera.

"Estoy seguro que el que no se ha entregado, lo va a hacer. El destierro de la comunidad indígena es más fuerte que cualquier otra cosa", precisó.

El juicio de la Asamblea se realizó en la reserva indígena Jambaló, un aérea de 25.000 hectáreas y habitada por unos 15.900 indígenas, según ha dicho Rodrigo Dagua, gobernador del cabildo indígena de la zona.

Otero explicó que por viejos convenios entre comunidades indígenas y el estado, todo estos casos de crímenes son ventilados primero ante el Consejo Indígena y que en caso de que la Asamblea decida, por voto de la mayoría, una pena en prisión, los acusados son entregados a la justicia ordinaria, donde podrán conseguir un defensor de oficio.