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  • EFE

La Unión Europea, UE, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, manifestaron ayer “alarma” y “profunda preocupación” por la situación en Venezuela e instaron al gobierno de ese país a respetar los derechos humanos.

En el mismo sentido se pronunciaron ayer, entre otros, el exmandatario costarricense Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, quien se quejó de la “indiferencia absoluta” de los gobiernos latinoamericanos ante lo que pasa en Venezuela y el expresidente del gobierno español José María Aznar.

“La CIDH manifiesta su profunda preocupación ante la situación del Estado de Derecho en Venezuela y las consecuencias para la vigencia plena de los derechos humanos”, destacó el organismo interamericano en una nota emitida hoy desde Washington.

La Comisión exigió, además al gobierno de Nicolás Maduro, liberar a los líderes opositores detenidos y recordó que, de acuerdo con los estándares internacionales, la prisión preventiva es una medida excepcional y solo puede aplicarse según los criterios de necesidad, proporcionalidad y durante un plazo razonable.

Los presos

Además del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, al que la Fiscalía acusa de conspirar para derrocar al Gobierno, están detenidos el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, desde hace más de un año, y el exalcalde Daniel Ceballos, así como estudiantes que participaron en las protestas del pasado año.

Hoy precisamente un estudiante de 14 años murió en el transcurso de una protesta en el estado Táchira (oeste de Venezuela). La Fiscalía confirmó la muerte pero no precisó en qué circunstancias se produjo, mientras en redes sociales aparecieron informaciones que dicen que recibió un disparo en la cabeza.

En su comunicado de ayer, la CIDH recordó al gobierno venezolano su “obligación” de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas privadas de libertad.

Por su parte, la UE consideró ayer que la detención de Ledezma es “un motivo de alarma”, al igual que los “informes sobre la presunta intimidación y maltrato de otros líderes de oposición en prisión y de estudiantes que participaron en las protestas del pasado año”.

Según un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, las autoridades de Venezuela deben garantizar que las acusaciones contra los opositores “se investigan rápidamente y de manera imparcial, con pleno respeto del principio de presunción de inocencia y con el debido procedimiento legal”.