EFE
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La policía portuguesa detuvo hoy a siete personas acusadas de realizar los ciberataques reivindicados por el grupo "Anonymous", sufridos por varios organismos públicos y empresas del país desde abril del año pasado.

La Policía Judicial (PJ) especificó en una nota de prensa que los detenidos están acusados de reiterados delitos de acceso ilegítimo, daño y sabotaje informático, recogidos en la ley lusa de Cibercrimen, además de asociación ilícita.

Entre los hechos indagados, puntualizó la Fiscalía lusa en otro comunicado, figuran ataques informáticos a los servidores que alojan las páginas de la propia Fiscalía portuguesa, la Policía Judicial, el Consejo Superior de la Magistratura, la empresa energética EDP y la pública Comisión del Carné Profesional de Periodista.

En el transcurso de esta operación, añadió la Fiscalía, se han efectuado más de veinte registros domiciliarios así como el de un medio de comunicación.

La investigación, iniciada por la Fiscalía y la Policía Judicial en abril del año pasado, se ha saldado hasta ahora con la detención en las áreas metropolitanas de Oporto y Lisboa de seis hombres y una mujer entre 17 y los 40 años de edad, informó la policía.

Además de los detenidos, de acuerdo con las investigaciones, hay otras catorce personas implicadas en los ciberdelitos investigados.

Los agentes se incautaron en esta operación de decenas de sistemas informáticos que serán objeto de análisis forense digital, añadió la Policía Judicial.

En abril del año pasado, la página web de la Fiscalía lusa, entre otros organismos, fue objeto de un ciberataque reivindicado por el grupo "Anonymous", una organización de piratas informáticos a escala mundial que ha protagonizado numerosos ataques en la red de internet desde su creación y que es perseguida por la Justicia de varios países.

El ataque coincidió con el 40 aniversario de la Revolución de los Claveles, el levantamiento militar que acabó con la dictadura en Portugal en 1974 y facilitó la llegada de la democracia.

Los piratas informáticos accedieron a información confidencial de cerca de 2.000 fiscales, y publicaron en internet datos personales como correos electrónicos y números de teléfono.

Las webs atacadas permanecieron varias horas inactivas, y según la policía, los ataques llevaron a que esas instituciones públicas sufrieran "un claro perjuicio por su imagen en materia de fiabilidad y seguridad".