AFP
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El pedido del fiscal general de Brasil a la Corte Suprema para investigar a 54 personas involucradas en el enorme escándalo de corrupción en Petrobras, incluidos varios parlamentarios, ha desatado una tormenta en las relaciones del Gobierno con sus aliados.

El partido PMDB (centro), un aliado clave del gobierno de Dilma Rousseff y que tendría a varios de sus miembros en la lista de sospechosos, da claras señales de rebeldía que ponen en peligro el ajuste fiscal que el país busca llevar a cabo para retomar el crecimiento de la economía, en su quinto año de magro desempeño.

El presidente del Congreso, el senador Renan Calheiros, y el de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB, fueron señalados por la prensa brasileña a la cabeza de los políticos con fueros que podrían ser investigados por la Fiscalía General si la Corte Suprema lo autoriza.

Los nombres de la lista no fueron divulgados porque las causas están bajo secreto judicial, pero el fiscal general Rodrigo Janot, que presentó la solicitud, pidió el levantamiento de esa reserva. Ahora la Corte debe contestar.

¿Represalias?

Ellos dicen no estar al tanto, pero al parecer en represalia, Calheiros rechazó sorpresivamente el martes de noche una medida clave del ajuste fiscal que ponía fin a beneficios tributarios a empresarios, lo cual fue interpretado por analistas como una declaración de guerra del Legislativo al Ejecutivo.

El PMDB es la primera fuerza política en el Senado y la segunda en la Cámara baja, apenas detrás del gobernante Partido de los Trabajadores (izquierda).

“Que sea investigado todo aquello que se proponen investigar, pero espero que no sean investigaciones de naturaleza política”, dijo Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, a la prensa brasileña.

“No fui avisado de nada”, se limitó a decir Calheiros.

La decisión del presidente del Congreso de devolver la medida de ajuste fiscal al Ejecutivo fue aplaudida por la oposición, en momentos en que muchos brasileños han llamado en las redes sociales a protestar en todo el país el 15 de marzo para exigir el impeachment (destitución) de Rousseff.