•   Santiago, Chile  |
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  • EFE

El Gobierno de Chile anunció ayer su propósito de establecer un marco regulador de la relación entre la política y los negocios, en el contexto de dos casos de corrupción que agitan el país austral, en uno de los cuales está involucrado un hijo de la presidenta Michelle Bachelet.

El otro es el caso Penta, en el que ayer un juez ordenó la prisión preventiva de seis de un total de diez involucrados, entre ellos dos poderosos empresarios y ejecutivos vinculados a la oposición derechista.

En el marco de una reunión de Bachelet con sus ministros celebrada este sábado en la ciudad de Viña del Mar, el portavoz del Gobierno, Álvaro Elizalde, señaló que la resolución del juez del caso Penta, “viene a confirmar la necesidad de crear una institucionalidad más eficaz y un marco regulador más estricto”.

Los imputados en el caso Penta están acusados de defraudar al fisco mediante delitos tributarios, cohecho, sobornos y otras conductas reiteradas, como la financiación de campañas electorales mediante negocios ficticios cuyo costo justificaban con boletas falsas.

Información privilegiada
El otro caso se refiere a un negocio inmobiliario que involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, y a su esposa, Natalia Compagnon, que obtuvieron para la empresa Caval, de pequeño tamaño, un préstamo del Banco de Chile por el equivalente de unos 10.4 millones de dólares para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4.8 millones de dólares.

A raíz del escándalo, que ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet, Dávalos debió renunciar a su cargo de director sociocultural del Gobierno.

El caso es investigado por eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias. “Como Gobierno hemos tenido una línea de conducta constante del primer día, que consiste en precisamente velar por la autonomía de la Fiscalía, que es el órgano que lleva adelante la investigación y la independencia de los tribunales de justicia”, comentó el portavoz del Gobierno en relación con el caso Penta.