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  • EFE

El expresidente peruano Alan García defendió hoy el decreto de urgencia que permitió construir 52 colegios durante su segundo Gobierno (2006-2011), uno de los casos por los cuales fue denunciado por presuntos delitos de corrupción por una comisión parlamentaria.

"Critican Decreto de Urgencia que permitió construir 52 colegios emblemáticos. Pero lo ha usado este gobierno. Que acusen a (el actual presidente Ollanta) Humala también", escribió García a través de su cuenta en Twitter.

El exmandatario del partido Aprista agregó que su Gobierno "usó normas de Urgencia para colegios, agua potable, hospitales; para crecer y dar empleo. Es la diferencia entre 8 % y 2 %" en el producto interno bruto (PIB), en referencia al crecimiento económico durante su gestión y en la actual Administración.

Además, García agradeció a la "megacomisión" parlamentaria que presentó la denuncia en su contra por señalar, en su informe final, que: "mis bienes y gastos están cubiertos x mis ingresos netos".

Sin embargo, el exmandatario no se ha referido por el momento a la denuncia de la comisión investigadora que consideró que existen "indicios razonables" de que García y varios funcionarios de su segundo Gobierno conformaron una asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber interferido en la investigación de un caso de espionaje telefónico.

El informe de la llamada "megacomisión" que investigó las presuntas irregularidades presentadas durante el segundo Gobierno de García, fue expuesto este jueves ante el pleno del Congreso de Perú por el legislador Sergio Tejada, quien la presidió.

El grupo de trabajo consideró que García y sus exministros Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca fueron responsables de una supuesta interferencia política en la investigación judicial a la empresa Business Track (BTR), dedicada a un espionaje telefónico que fue descubierto en 2008.

Tejada también sustentó ante el Congreso el informe sobre la investigación que se hizo de las denuncias de irregularidades en la reconstrucción y modernización de grandes colegios del país y consideró que García y el exministro de Educación José Antonio Chang deben ser denunciados por una presunta infracción constitucional.

"El marco legal generado habría permitido actos de corrupción, la sobrevaloración de obras, el cobro menor de penalidades, entre otros", señaló el informe.

Después de la sustentación de las conclusiones, se produjo un intenso debate y una votación que las aprobó anoche por mayoría, por lo que ahora serán enviadas a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y al Ministerio Público (Fiscalía) para que determinen si se presentan denuncias penales.

El legislador aprista Mauricio Mulder rechazó la decisión del Parlamento y consideró que se busca "manchar" la gestión de García cuando se acercan las elecciones de 2016, tras lo cual dijo que confía en que las acusaciones serán desvirtuadas.