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  • EFE

A tres días de la VII Cumbre de las Américas, que inicia este viernes en Panamá, la Casa Blanca afirmó ayer que Estados Unidos no considera a Venezuela una “amenaza” para su seguridad y aprovechó para subrayar que la orden del presidente Barack Obama, en la que se declaró una emergencia nacional a causa de la situación en el país sudamericano, no fue un ataque al gobierno venezolano.

“Estados Unidos no cree que Venezuela represente una amenaza a nuestra seguridad nacional”, sostuvo el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, en una conferencia telefónica con periodistas para dar detalles del viaje de Obama a Jamaica y Panamá.

Según Rhodes, el uso del término “amenaza” forma parte del lenguaje establecido para formular el tipo de órdenes ejecutivas como la emitida por Obama en marzo, con sanciones a funcionarios venezolanos a los que Estados Unidos considera responsables de violaciones a los derechos humanos.

En esa orden, Obama declaró una “emergencia nacional” al considerar la situación en Venezuela una “inusual y extraordinaria amenaza” para la seguridad estadounidense.

ES LA SITUACIÓN
Rhodes insistió en que esa orden “de ninguna manera pretendía atacar al gobierno venezolano”.

En la misma línea, el principal asesor de Obama para Latinoamérica, Ricardo Zúñiga, enfatizó en la conferencia telefónica que la orden presidencial se refiere a la “situación” --no a Venezuela como país-- como un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

En respuesta a esa orden, el presidente venezolano Nicolás Maduro inició la campaña “Obama deroga tu decreto ya”.
Según Maduro, hasta el pasado domingo se habían recabado 8 millones de los 10 millones de firmas que se impuso como meta para entregar a Obama en la Cumbre.

Maduro ha reiterado desde entonces que Obama logró con su “desacertada y errática” decisión levantar “una ola de indignación mundial”, expresada en resoluciones de rechazo adoptadas, entre otros, por diversos organismos como la Unasur, la Celac y la ALBA.

Rhodes y Zúñiga coincidieron en que la situación en Venezuela y las tensiones entre Washington y Caracas centrarán parte de la atención en la Cumbre de Panamá, que concluirá el sábado.

Zúñiga remarcó que hay “una clara preocupación” en toda la región por la situación en Venezuela y que Estados Unidos apoya los esfuerzos de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para fomentar el diálogo interno en ese país.

OPOSITORES
Por otra parte, en Panamá también se realizan otros foros alternos a la Cumbre, en la que el tema venezolano también comienza a dominar la agenda y generar polémica.

Ayer en la capital panameña, Mitzy Capriles, la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, preso por el gobierno venezolano, declaró que Maduro tendrá que “hacer más cárceles” porque su gobierno  ve “en cada venezolano opositor a alguien que conspira”.

Ledezma, preso desde hace más de un mes, fue acusado ayer por el Ministerio Público (MP) venezolano por conspirar contra el gobierno de Maduro, al supuestamente apoyar a grupos que “pretendían desestabilizar el país” con acciones violentas.

El principal asesor del presidente Obama para Latinoamérica, declaró ayer: “Queremos una Venezuela pacífica, democrática y próspera”.

21 expresidentes iberoamericanos denunciarán “la alteración democrática” que sufre Venezuela en la llamada Declaración de Panamá, que presentarán un día antes de la Cumbre.

SIP: La cooperación requiere “convicción democrática”

Este es el mensaje de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dirigido ayer a los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas que se reunirán esta semana en la VII Cumbre de las Américas:

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA
Los líderes de los gobiernos que representan a los pueblos de América, congregados en esta VII Cumbre de las Américas, bajo el lema “Prosperidad con Equidad: El Desafío de Cooperación en las Américas”, tienen una oportunidad histórica para reafirmar su compromiso con la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos, principios que la Carta Democrática Interamericana valora como esenciales para la vida democrática y el bien común.

Bajo esa proclama y el mandato que exige cada Constitución, los gobernantes tienen la obligación de vigilar, promover y defender la libertad de expresión como derecho humano fundamental, sin la cual tampoco puede haber verdadera prosperidad, equidad y cooperación entre ciudadanos y pueblos.

Más allá de las diferencias ideológicas y de las retóricas oficiales sobre injerencias incómodas y soberanías nacionales, la violación de las libertades individuales y civiles, así como obliga la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe ser denunciada por todos -gobernantes y gobernados- sin censura, ni límites ni fronteras.

No hay excusas para que nuestros gobernantes sean testigos silenciosos del sufrimiento de aquellos ciudadanos que no pueden expresarse libremente. Todos deberían reaccionar cuando alguien es perseguido, encarcelado, insultado, agredido o violentado por expresar sus ideas. Ineludiblemente, nadie puede quedar callado, cuando esos abusos y atropellos provienen del propio Estado.

Nadie puede quedar callado ni ser indiferente a las violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, que cometen, particular y sistemáticamente, los gobiernos de Raúl Castro, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Presos de conciencia, medios de comunicación cerrados, periodistas y ciudadanos amordazados, desenmascaran esas violaciones.

Si esta VII Cumbre pretende ser histórica, deberá reconocer que para construir democracia no son suficientes los actos electorales. La democracia exige una clara separación de poderes, jueces independientes, transparencia en la gestión pública, impulsar prosperidad, promover equidad, garantías individuales y un ambiente respetuoso que empodere ideas diversas y plurales como corresponde en un Estado de Derecho.

En el futuro se podrá juzgar si en la Declaración que emane de esta Cumbre, los gobernantes del continente americano se habrán mostrado firmes de que la cooperación plena y verdadera solo se puede alcanzar cuando haya convicción democrática y ningún ciudadano sea excluido o discriminado por pensar, opinar o ser diferente.

Ciudad de Panamá.