• Buenos Aires, Argentina |
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  • AFP

En Argentina, un país donde muere una mujer cada 30 horas por violencia de género, legisladores de distintas tendencias piden sanciones para el acoso verbal callejero, el popular piropo, que con frecuencia es más una grosería que un halago.

Las alarmas se encendieron hace unas semanas, con el vídeo que colgó una joven argentina en una conocida red para denunciar cómo era acosada por un grupo de trabajadores de una obra próxima a su domicilio, en un popular barrio de Buenos Aires.

Ahora, legisladores de distintas fuerzas de izquierda impulsan varias iniciativas para sancionar el acoso en la calle y, aunque plantean algunas diferencias, el objetivo es común: prevenir el hostigamiento a las mujeres.

Los proyectos proponen facilitar a las víctimas la posibilidad de denunciar y sancionar a los acosadores con multas que van de los 100 hasta los 7,000 pesos argentinos (desde 12 hasta 825 dólares) e incluso con arrestos.

La legisladora Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria, una de las impulsoras de la propuesta en el Gobierno municipal, aspira a que el acoso callejero se incorpore en la figura de “Hostigamiento, maltrato o intimidación”, que ya existe en la legislación local.

Un punto fundamental de su planteamiento es la acción de la Policía Metropolitana, que debe elaborar un protocolo de actuación para responder ante denuncias de acoso sexual callejero y que “ninguna se desestime”.

“El acoso es sufrido por muchas mujeres y tiene que dejar de ser una conducta naturalizada, que la gente considere como normal y que se tome conciencia de que esto puede tener consecuencias traumáticas”, afirma Alegre.

El propósito final, continúa, es “prevenir una conducta que sufre una gran parte de la población, que en principio son mujeres, y poner un agravante a una figura que ya existe en el Código Contravencional de la ciudad”.