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  • AFP

Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea se disponen este lunes a aprobar una operación naval para combatir a los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo y poner fin a los dramáticos naufragios.

En apenas un año y medio al menos 5.000 personas murieron al intentar cruzar el Mediterráneo para alcanzar Europa desde el norte de África. La presión alcanzó un nivel crítico con el último naufragio, en abril, que dejó unos 800 muertos frente a las costas de Libia.

La operación naval que los ministros deben aprobar este lunes incluye el despliegue de buques y aviones de vigilancia para búsqueda y rescate.

Esta misión, que comenzaría en junio, contempla asimismo la captura y la destrucción de los buques utilizados por los traficantes, aunque para ello los europeos buscan actuar al amparo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que le otorgue "legalidad internacional".

"Espero que se tome la decisión este lunes para que podamos avanzar en la planificación y la posibilidad de lanzar la operación en las próximas semanas", indicó la jefa de la diplomacia de la UE, la italiana Federica Mogherini, al llegar a la reunión.

"Creo que luego de que se tome la decisión será más fácil que el Consejo de Seguridad adopte una resolución", agregó Mogherini, que hace una semana defendió la idea de la operación ante ese organismo en Nueva York.

El ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, cuyo país ocupa una banca no permanente del Consejo de Seguridad, precisó que el viernes Estados Unidos, miembro permanente, "tuvo un cambio de actitud" y aceptó una operación naval bajo el capítulo VII, "ahora vamos a ver qué dicen Rusia y China".

El capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas autoriza "por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales".

"En estos momentos hay una operación de identificación de buques (...) se podría hacer sin más requisitos una operación de abordaje y destrucción de buques en alta mar siempre que tuviesen el consentimiento del país de bandera", agregó Margallo.

Sin embargo, para actuar en las aguas territoriales libias o incluso "para inutilizar los medios que utilizan los traficantes" en tierra, la UE busca la resolución o la petición del gobierno libio.

Mogherini insistió no obstante en que no se trataba de enviar tropas a Libia, en donde dos gobiernos, el de Trípoli y el de Tobruk, se disputan el poder y que se convirtió en una plataforma para los traficantes de seres humanos. El grupo Estado Islámico también encontró espacio para operar.

"Uno de los problemas es que puede haber combatientes extranjeros, que puede haber terroristas que se esconden, se mezclan con los inmigrantes", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al llegar a la reunión.

Una operación criticada 

Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y España prometieron desplegar buques para la misión conjunta de la UE, acusada de pasividad e indiferencia ante los dramas de la inmigración.

"La Royal Navy ya rescata vidas en el mar pero necesitamos acordar una acción para poder perseguir a las bandas criminales", dijo el ministro de Defensa británico, Michael Fallon.

Por su parte, la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, dijo que aunque las operaciones de rescate en el mar seguirán siendo la prioridad de la UE, el bloque debe no obstante atacar la raíz del problema.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos criticaron no obstante esta operación señalando que no resolvería los problema complejos que plantean las redes de traficantes y la gran cantidad de personas que huyen de la pobreza, la miseria y las guerras.

Esta operación sólo modificará las rutas utilizadas por las mafias y aumentará los riesgos para los migrantes, sostienen.

Andrew Stroehlein, de Human Rights Watch, dijo que era una "completa locura".

Esta operación naval forma parte de una estrategia de la Comisión Europea presentada la semana pasada con la que se busca un mejor equilibrio dentro del bloque, así como reforzar la cooperación en la gestión y el tratamiento de las solicitudes de asilo y de los refugiados.

Una de las principales medidas es establecer cuotas entre los 28 miembros del bloque para recibir a 20.000 refugiados, a lo que se oponen rotundamente Gran Bretaña, Hungría o Francia.