AFP
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El ministerio español de Asuntos Exteriores reforzó sus consulados en los países iberoamericanos durante el plazo que tienen los descendientes de exiliados españoles por la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista para pedir la nacionalidad española.

El ministerio "ha reforzado los recursos humanos de sus consulados en Iberoamérica en unas 150 personas, dependiendo de la expectativa de volumen de trabajo esperado", indicaron fuentes de la cancillería. Además ha desbloqueado unos 4 millones de euros para este proceso, que comenzó el lunes y se prolongará durante dos años, añadieron. El consulado de La Habana, que fue reforzado con unas 40 personas, y el de Buenos Aires, son los que recibieron más empleados para tramitar estas solicitudes, precisaron.

100 mil cubanos beneficiados
Hasta medio millón de personas, la mayoría en Latinoamérica, podrían beneficiarse de esta medida, sobre todo en Argentina, que cuenta con 300 mil descendientes de exiliados, y Cuba, donde podrían obtener la nacionalidad española más de 100 mil cubanos hijos y nietos de españoles, según estimaciones consulares.

La medida se aplicará esencialmente a los hijos y nietos de quienes se fueron de España entre el 18 de julio de 1936, día del golpe de Estado militar, y el 31 de diciembre de 1955, es decir, los primeros años de la dictadura franquista en los que la represión fue más dura. Forma parte de la Ley de Memoria Histórica, adoptada a finales de 2007 por el parlamento español con el fin de rehabilitar a las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil.

Los beneficiados podrán adquirir la nacionalidad española "de origen", es decir, transmisible a sus hijos, y no tendrán que renunciar a su nacionalidad actual. Cientos de aspirantes hacían cola desde el lunes en los consulados españoles de los países latinoamericanos para solicitar la nacionalidad española.

En tanto, unos 150 mil mexicanos descendientes de exiliados españoles pueden pedir la nacionalidad española a partir de esta semana en virtud de la Ley de Memoria Histórica que aprobó el parlamento de Madrid, estimó el Consulado español en Ciudad de México.