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Washington / El País

En una drástica intervención por parte del Estado en la gestión privada del sistema financiero, el presidente Barack Obama impuso el miércoles un límite de 500,000 dólares al salario total que pueden recibir anualmente los ejecutivos, así como otras fuertes restricciones en sus beneficios y gastos.

El objetivo de esta medida, que irrita a Wall Street y afecta la línea medular de la mayor potencia capitalista, es devolver la confianza de los inversores y del público en los bancos, como base sustancial para relanzar la economía.

Obama aseguró que ésta no es una acción indiscriminada contra la persecución de la riqueza sino un intento de poner orden en una industria que había perdido la perspectiva y se había convertido en un escándalo nacional. ‘Esto es América’, dijo el presidente. ‘No menospreciamos la riqueza. No castigamos a nadie por conseguir el éxito, y creemos que el éxito debe de ser premiado. Pero lo que irrita justamente a los ciudadanos es que los ejecutivos sean premiados por su fracaso. Sobre todo cuando esos premios están subsidiados por los contribuyentes norteamericanos’.

De los que reciben ayuda estatal

Según las normas aprobadas ayer por el Departamento del Tesoro, los ejecutivos de todos los bancos, aseguradoras, bancos de inversiones y otras instituciones del sistema financiero que están recibiendo dinero del Estado de forma extraordinaria (eso incluye Bank of America, Citibank o AIG), tendrán que recortar sus ingresos al medio millón de dólares anuales, incluido salarios, bonos u otra forma de pago directo o en especies por parte de su compañía.

Si la firma afectada quiere pagarles por encima de esa suma --que resulta una insignificancia en el contexto de lo que los altos ejecutivos ganan en este país--, sólo podrá hacerlo mediante acciones que los beneficiados no podrán cobrar hasta que la empresa haya devuelto al Estado el dinero recibido como ayuda.

Entre otras medidas, las nuevas normas ponen fin a lo que se denominan ‘paracaídas dorados’, las grandes compensaciones que los ejecutivos reciben al dejar sus cargos. A partir de ahora, las instituciones que reciban dinero público sólo podrán pagarles un máximo de un sueldo anual.

Controles a la opulencia

Otros gastos que los ejecutivos realizan actualmente en conceptos como el uso de aviones privados, mobiliario, conferencias, vestimenta, actos sociales y cosas similares, deberán ser comunicados previamente al Consejo de Administración de la empresa, y, en última instancia, al Departamento del Tesoro.

Estas reglas afectan de inmediato sólo a las empresas que están recibiendo fondos de los paquetes especiales de ayuda aprobados en los últimos meses, que son casi la mayoría. En el futuro se ampliarán a cualquier firma que cuente en algún momento con asistencia estatal en cualquier programa regular. Y a más largo plazo, se encarga al Departamento del Tesoro negociar con los accionistas y directivos de las empresas, así como con una representación de los clientes, un nuevo y más estricto marco de remuneraciones a los futuros ejecutivos.

‘Para restaurar el orden en el sistema financiero tenemos que restaurar la confianza. Y para restaurar la confianza tenemos que asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes no está subsidiando las compensaciones excesivas de Wall Street’, declaró Obama.

Fiesta sigue…

En los últimos días se conoció que los ejecutivos siguen gastando sumas millonarias en carísimas reuniones en Bahamas o en lujosas renovaciones de sus oficinas. Esto ha creado una sensación de alarma y repudio sobre la forma en que se están empleando los 700,000 millones de dólares aprobados el año pasado para el rescate del sistema financiero.

La mitad de ese dinero está ya gastada. Antes de gastar la otra mitad --y quizá nuevas partidas que será necesario aprobar en el futuro--, el secretario del Tesoro, Tim Geithner, presentará la próxima semana otras medidas para aumentar la transparencia del gasto y un mayor control por parte del Estado.

Expertos en Wall Street advierten que maniatar a las empresas no es el mejor camino para conseguir la recuperación del sistema financiero. El límite a los salarios, particularmente, puede provocar una huida masiva de ejecutivos hacia otros sectores.

El límite de 500.000 dólares es superior al que pedían algunos congresistas demócratas --sugerían igualarlo al salario anual del presidente de la nación: 400,000 dólares--, pero resulta muy inferior a lo que cualquier ejecutivo percibe habitualmente en este país.