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  • EFE

El ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez ingresó hoy en prisión acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de exiliados desde Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército entre 1977 y 1978.

"Goyo" Álvarez, de 82 años, fue procesado y trasladado en la mañana de este lunes al centro de reclusión de militares de Domingo Arena.

Inmediatamente fue convocada para última hora de hoy una concentración en la Plaza de La Libertad, del centro de Montevideo, para celebrar esta decisión de procesar a implicados en desapariciones forzadas durante la dictadura instaurada en Uruguay entre 1973 y 1985.

Además de Álvarez, también fue procesado por este delito, que es aplicado por primera vez, el ex marino Juan Carlos Larcebau, y se pidió la captura del también ex oficial de Marina Jorge Tróccoli, ausente del país desde hace dos meses.

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazó la semana pasada un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada "ley de desaparición forzada", aprobada hace poco más de un año.

Este paso despejó el camino para el procesamiento judicial de Álvarez, quien fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 1978 y 1979, y presidente "de facto" entre 1981 y 1985, cuando concluyó la dictadura militar.

El delito por el que se acusa al ex dictador y a los otros dos ex oficiales es castigado con una pena de hasta 25 años de cárcel.

Antes de conocerse el procesamiento, el Centro Militar, el Círculo Militar y el de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas cuestionaron en un comunicado la interpretación de la Ley de Caducidad, que perdonó a los militares de los actos cometidos durante el régimen dictatorial.

Esa norma, aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada en las urnas en 1989, puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, los delitos cometidos fuera de Uruguay, como el traslado clandestino de detenidos, quedan fuera del alcance de la ley, según la interpretación del Gobierno del presidente socialista Tabaré Vázquez, el primero que abrió la puerta a los juicios contra los militares.