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El Vaticano y la Unasur tratan de salvar el frágil diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, que quedó congelado el martes, constatando la difícil resolución de la crisis política  del país.

Tal y como lo había anticipado, la oposición no se presentó a la tercera reunión prevista para el martes pasado por considerar que el Gobierno ha incumplido los acuerdos pactados en este proceso auspiciado por la Santa Sede y la Unión de Naciones Suramericanas.

Entre las exigencias de la alianza opositora para volver a la mesa están que el Gobierno acepte una salida electoral al conflicto, reactivando el suspendido proceso para un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro o un adelanto de las elecciones previstas para 2018.

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También, que libere a los "presos políticos". Considerando que estos temas no están en la agenda, los representantes del Gobierno se presentaron a la cita asegurando que cumplieron con lo pactado. La ausencia de la oposición demostró que es "una familia profundamente disfuncional" con grandes divisiones, dijo uno de los delegados del Gobierno, Jorge Rodríguez.

Entre el cruce de acusaciones, el enviado del Papa a Caracas, monseñor Claudio María Celli, y dos de los mediadores de la Unasur, los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), se reunieron por separado con ambas delegaciones el martes.

El secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, consideró ese encuentro como "un punto de inflexión en el diálogo", que a su juicio estaba "amenazado de muerte".

No dificultar el diálogo

Tras las reuniones a puerta cerrada al final de la tarde, Celli leyó un comunicado en nombre de los mediadores, manifestando la necesidad de iniciar una etapa para "la reactivación, consolidación y sostenibilidad" del diálogo que empezó el pasado 30 de octubre y explicó que los mediadores habían presentado a ambas partes una "propuesta de trabajo".

Los acompañantes pidieron a los poderes públicos, enfrentados desde que la oposición tomó el control del Parlamento en enero, "abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ellos o el proceso de diálogo hasta el 13 de enero del 2017".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al chavismo- inhabilitó a la Asamblea por juramentar a tres diputados, cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.

Pese a que los asambleístas pidieron su desvinculación el 15 de noviembre como parte de lo acordado con el Gobierno, el TSJ exige que se los separe mediante un acto parlamentario.