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El Senado brasileño dio el martes su aprobación definitiva a la enmienda constitucional que congela los gastos públicos durante 20 años a partir de 2017, la primera de las impopulares medidas de austeridad del presidente Michel Temer.

Organizaciones estudiantiles y la Central Única de Trabajadores (CUT) convocaron a protestas por la tarde en Brasilia, para denunciar una medida que estiman afectará las ya maltrechas áreas de salud y educación y perjudicará en particular a la población más pobre del país.

Por la mañana se reportaron incidentes en varias ciudades, entre ellas Sao Paulo y Porto Alegre, con barricadas y cortes de arterias importantes.

La enmienda fue aprobada por 53 votos a favor y 16 en contra y debe ser promulgada esta misma semana. Su aprobación definitiva requería una doble aprobación, con mayorías cualificadas, en la Cámara de Diputados y en el Senado. En la primera votación en la cámara alta, el 29 de noviembre, había contado con el respaldo de 61 de los 81 senadores.

La reforma del "techo de gastos" implica que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior.

Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163,000 millones de reales (48,000 millones de dólares) en 2016, y empezar a recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.

El relator de la ONU sobre cuestiones de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alson, afirmó la semana pasada que se trata de una reforma "desprovista de cualquier matiz y compasión", que "afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables".

Según los últimos elementos de una encuesta de Datafolha que empezó a publicarse el fin de semana, un 60% de los brasileños se opone a la enmienda del "techo de gastos" (un 24% la apoya) y un 58% estima que el Congreso es "malo" o "pésimo".

La sesión estuvo dirigida por el presidente del Senado, Renan Calheiros, que la semana pasada consiguió ser confirmado en el cargo por la corte suprema pese a ser inculpado de malversación de fondos públicos y contra quien el fiscal general presentó el lunes cargos que lo vinculan al megaescándalo de Petrobras.