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La fiscalía de Brasil presentó ayer nuevos cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), acusado de corrupción y lavado de dinero en el esquema de desvíos de dinero en Petrobras.

Si la denuncia es aceptada por la justicia, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) enfrentará un nuevo juicio vinculado al caso de la petrolera estatal, que podría complicar aún más su regreso como candidato a la presidencia en 2018.

En la denuncia presentada este jueves, a la que accedió la AFP, los fiscales lo acusan de "corrupción pasiva y lavado de dinero" por aceptar sobornos de parte de la gigantesca constructora Odebrecth a cambio de apoyo político para que la empresa obtuviera contratos con Petrobras.

Los sobornos fueron disfrazados mediante la compra de un terreno —destinado a construir el Instituto Lula, creado por el exmandatario cuando dejó la presidencia— y un apartamento en Sao Paulo, afirma el documento.

De su lado, el portavoz de la fundación, José Chrispiniano, respondió afirmando que la nueva denuncia surge de la necesidad de los fiscales de la Operación 'Lava Jato' —que investiga el fraude— de "inventar una nueva historia en su búsqueda obsesiva por intentar retratar al expresidente como responsable de los desvíos en Petrobras".

En su nota enviada a la AFP, el Instituto Lula negó igualmente que el apartamento y el terreno que figuran en la denuncia pertenezcan al exmandatario.

Horizonte 2018 

Los hechos denunciados por la fiscalía forman parte de un esquema mayor a través del cual políticos, empresarios y funcionarios de la estatal desviaban dinero para sí y para el financiamiento de partidos y campañas electorales.

Los procuradores identifican a Lula como el "comandante máximo" de ese esquema delictivo, "no solo para enriquecimiento ilícito, sino especialmente para alcanzar la gobernabilidad basándose en prácticas corruptas y perpetuarse en el poder de forma delictiva".