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  • EFE

Quince días antes de que acabe el año, 78 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia, igualando así el récord de víctimas de 2013, según datos aportados hoy a Efe por la ONG Somos Defensores.

Este observatorio, que desde hace ocho años verifica los crímenes de líderes sociales, documenta un doloroso incremento de los homicidios en 2016, ya que en 2015 se contabilizaron 63 crímenes. "El asesinato de defensores de los derechos humanos es el talón de Aquiles del proceso de paz en Colombia", declaró a Efe Carlos Vergara, coordinador de Somos Defensores. Para confirmar su afirmación, Vergara añade que desde el pasado 26 de septiembre, fecha de la firma de la paz entre el Gobierno y las FARC en Cartagena, acto previo al plebiscito, se han cometido 22 crímenes.

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Otras organizaciones, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hablan ya de 94 líderes sociales muertos en lo que va de año, frente a los datos de 30 de noviembre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que exponen 57 crímenes. Esta triste guerra de cifras no impide saber que, a día de hoy, Ever Domingo Mangoni, un líder comunal del corregimiento Mina Seca, en el departamento de Bolívar, norte del país, es la última víctima, la número 78, después de que fuera asesinado el 12 de diciembre por unos desconocidos en una vía junto a una quebrada.

Este incremento de los asesinatos de líderes sociales en el inicio de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC ha alertado a las fuerzas sociales y a la comunidad internacional. "Es inadmisible", afirma Alejandro Matos, de Intermon Oxfam, español con 19 años de experiencia en Colombia, que arremete contra esa insensibilidad de "acostumbrarse a los asesinatos". Matos usa el refrán español "A río revuelto, ganancia de pescadores", para referirse a lo que está pasando en algunas zonas de Colombia donde grupos de delincuentes están ocupando el terreno que estaba bajo control de las FARC, ante el repliegue de la guerrilla en virtud al acuerdo de paz.

"Estamos hablando de plata, de dinero. Hay intereses por la distribución de la tierra, ganadería, narcotráfico, minería ilegal... El vacío que está dejando las FARC lo quieren rellenar otros agentes de forma violenta", denuncia. El mismo Todd Howland, representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, ha destacado recientemente que este año ha muerto un gran número de miembros activos de Juntas de Acción Comunal de regiones en las que las FARC han tenido fuerte presencia.

Estos denominados "muertos de la paz" pueden ser evitados según Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, una asociación que asesora y presta apoyo jurídico a los reclamantes de tierras en Antioquia (noroeste). "Hay que pedir al Gobierno que ponga recursos para que haya la protección adecuada. Han desmontado los sistemas de seguridad", declaró a Efe desde Medellín, tras una reunión con la junta de seguridad. Vega, antiguo integrante del Ejército Popular de Liberación (EPL) y Premio Nacional de Paz 2012, niega que los activistas tengan miedo, "es una circunstancia más", dice, y pide "justicia" ya que, en su opinión, "no se ha juzgado a los responsables de la gente asesinada". Esta idea también la mantiene Somos Defensores. "La Fiscalía niega que existan crímenes de tinte político, despolitizan las muertes. No se dan cuenta que los asesinatos presentan un mismo patrón", comenta Guevara.

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De hecho, hasta el momento, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha asegurado que no hay "una mano negra" que esté afectando a los líderes de los derechos humanos, negando así una conexión entre los diferentes casos y, por lo tanto, rechazando de pleno un supuesto plan de exterminio. La sombra de la guerra sucia o el miedo que a que se repita el exterminio de los dirigentes y militantes del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) en los años ochenta, son factores que planean en los últimos meses en Colombia.

Al margen de los líderes de Derechos Humanos, una organización, Marcha Patriótica, también está sufriendo el alcance de la violencia. Como muestra del grado de alarma, la semana anterior a la firma del definitivo acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en Bogotá, tres miembros de UP fueron asesinados en cuatro días en distintas regiones de Colombia. Somos Defensores, que también contabiliza atentados y amenazas -en su último informe del primer semestre de 2016 presenta 314 agresiones a líderes sociales-, se muestra poco esperanzado ante esta escalada de violencia. "La sociedad está dividida y polarizada y nos tememos lo peor. 2017 es un año preelectoral y eso no va a ayudar para parar esto", concluye.