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La Contraloría General de Costa Rica inició una investigación al ministro Rodrigo Arias, hermano del presidente Oscar Arias y el hombre más influyente del gabinete, por presuntas irregularidades en la contratación de asesorías profesionales. El ministro de la Presidencia, presentó ayer un recurso de amparo ante la Corte Suprema, tras enterarse de que iba a ser investigado por el manejo de las asesorías pagadas con dinero donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aunque ésta no es la primera vez que dinero donado del extranjero y usado para pagar consultorías causa polémicas en Costa Rica.

El ministro, quien sólo arriesga una amonestación o la recomendación de ser destituido, admitió que es investigado por la contratación de asesores, pagados con dos millones de dólares donados por el BCIE. Rodrigo Arias criticó que se investigue el asunto como si los fondos fueran públicos, "a pesar de que un informe de octubre pasado de la Contraloría dictaminó que esos fondos eran ajenos al Estado", manifestó al diario La Nación, rotativo en el que se publica que "fue el propio ministro Arias quien decidió a finales del 2006 que los US$2 millones no entraran a las cuentas estatales y fueran administrados por la oficina local del BCIE. Argumentó que así se garantizaba una mayor agilidad en la contratación de consultores".

"Hay una contradicción. El 22 de octubre nos dicen que esos fondos no son públicos y ahora se pretende aplicar una normativa que existe solo para tutelar esos fondos públicos", expresó el ministro Arias, al justificar su recurso de amparo. Con fondos del BCIE la Presidencia "gastó entre noviembre del 2006 y enero pasado casi US$ 1,5 millones en 84 consultorías para imagen, prensa y consejería legal, aunque también se pagó a asesores legislativos, a un mensajero y a un músico", aseguró el diario.

El año pasado, la revelación de que dinero donado por Taiwán para combatir la pobreza, y manejado al margen del presupuesto, fue gastado en asesorías causó la renuncia del ministro de Vivienda, Fernando Zumbado. El gobierno de Arias también argumentó entonces que no eran fondos públicos.