Jorge Eduardo Arellano
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La Contraloría General de Costa Rica abrió una investigación al ministro Rodrigo Arias, hermano del presidente Óscar Arias, y el hombre más influyente del gabinete, por presuntas irregularidades en la contratación de asesorías profesionales, informó ayer viernes la prensa.

Rodrigo Arias, Ministro de la Presidencia, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema el jueves, tras enterarse de que iba a ser investigado por el manejo de las asesorías pagadas con dinero donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Ésta no es la primera vez que dinero donado del extranjero y usado para pagar consultorías causa polémicas en Costa Rica.

El ministro, quien sólo arriesga una amonestación o la recomendación de ser destituido, admitió que es investigado por la contratación de asesores, pagados con dos millones de dólares donados por el BCIE.

Rodrigo Arias criticó que se investigue el asunto como si los fondos fueran públicos, “a pesar de que un informe de octubre pasado de la Contraloría dictaminó que esos fondos eran ajenos al Estado”, dijo el diario La Nación.

“Fue el propio ministro Arias quien decidió a finales de 2006, que los US$2 millones no entraran a las cuentas estatales y fueran administrados por la oficina local del BCIE. Argumentó que así se garantizaba una mayor agilidad en la contratación de consultores, indicó el rotativo.

“Hay una contradicción. El 22 de octubre nos dicen que esos fondos no son públicos y ahora se pretende aplicar una normativa que existe sólo para tutelar esos fondos públicos”, expresó el ministro Arias, al justificar su recurso de amparo.

Con fondos del BCIE la Presidencia “gastó entre noviembre de 2006 y enero pasado, casi 1 millón 500 mil dólares en 84 consultorías para imagen, prensa y consejería legal, aunque también se pagó a asesores legislativos, a un mensajero y a un músico”, dijo el diario.

El año pasado, la revelación de que dinero donado por Taiwan para combatir la pobreza, y manejado al margen del presupuesto, fue gastado en asesorías causó la renuncia del ministro de Vivienda, Fernando Zumbado.