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El ejército brasileño movilizará a mil hombres y enviará equipos usados en los Juegos Olímpicos Río-2016 para detectar armas, celulares y explosivos en las cárceles, donde se libra una sangrienta guerra entre narcos que dejó más de 130 muertos en lo que va de 2017.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, junto a la plana mayor de las Fuerzas Armadas, quien aclaró que constitucionalmente los militares no pueden tomar el control de los presidios y solo se limitarán a “limpiarlos”. 

“Estamos viviendo una emergencia nacional”, apuntó Jungmann en una rueda de prensa, donde explicó la medida extraordinaria dictada por el presidente Michel Temer que introduce al ejército en la crisis del sistema penitenciario.

CRIMEN AVANZA

“El crimen organizado se nacionalizó. Tiene el control de la distribución y del consumo y están buscando controlar la producción internacionalizándose. Y eso no puede ocurrir. No podemos permitir que el avance del crimen termine, por ejemplo, desafiando a las instituciones”, dijo.

Los treinta contingentes militares que actuarán no entrarán en contacto con los internos, que previamente serán retirados de sus celdas por fuerzas penitenciarias, antes de que ingresen las tropas para hacer las requisas con detectores de metales, máquinas de rayos X y escáners.

“Nuestra inteligencia dirá cuál es la situación dentro de cada presidio y solo entraremos donde el riesgo de rebelión sea mínimo o nulo. En la hipótesis de que eso ocurra actuará la fuerza policial (...). Las Fuerzas Armadas no van a enfrentar a esas facciones”, explicó Jungmann. 

DÍAS VIOLENTOS

Las rebeliones deflagradas en centros penitenciarios brasileños costó la vida al menos 132 personas entre el 1 y el 15 de enero, en un frenesí de violencia que incluyó decapitaciones, mutilaciones e incendios de cuerpos.

Las autoridades señalan que la crisis se originó cuando la organización delictiva Primer Comando Capital, de Sao Paulo, la mayor de Brasil, decidió disputar el control del narcotráfico en todo el país, desafiando a otras facciones regionales.

El último alzamiento, que no ha sido sofocado definitivamente, estalló el sábado pasado en Rio Grande do Norte. Un día después las autoridades retiraron 26 cadáveres.

Temer recibirá esa tarde a gobernadores de siete estados y de ese encuentro podrían salir los primeros pedidos para las Fuerzas Armadas. El ejército tiene “una gran autoridad y una gran credibilidad”, dijo el presidente en un acto en Brasilia.

Brasil tiene 622,000 presos en 2,766 unidades, según datos oficiales, la cuarta mayor población carcelaria del mundo.