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El dinero de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción en tres continentes, agita la política de Colombia, con acusaciones de financiamiento de las elecciones presidenciales de 2014, entre ellas la reelección del presidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz 2016.

La Fiscalía anunció el martes que investigaba el supuesto ingreso de un millón de dólares a la campaña de Santos que provenía de un soborno de la firma brasileña al exsenador Otto Bula, detenido desde mediados de enero, señalado de facilitar a la constructora la adjudicación de una obra pública.

En una nueva rueda de prensa el miércoles, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que la apertura de las pesquisas se basó en la declaración juramentada de Bula, quien dice haber entregado el dinero a través de un intermediario al gerente de la campaña “Santos Presidente-2014”, Roberto Prieto. 

“La existencia de una prueba física de la entrega del dinero (...) no la tiene la Fiscalía”, dijo Martínez.

El fiscal aseguró que el testimonio de Bula “no vincula para nada al señor presidente”, pero envió copia del caso al Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad del país en la materia y encargado de indagar irregularidades en las campañas.

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Tras las declaraciones esta mañana de Martínez, Santos pidió al CNE en un mensaje en Twitter investigar “a fondo lo más rápido posible” los señalamientos contra su campaña.

El mandatario dijo esperar “que salga a la luz pública toda la verdad en caso Odebrecht”, acusado por la Justicia de Estados Unidos de sobornos en Colombia por más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.

La Fiscalía asevera que Bula fue contratado por Odebrecht, con una “comisión de éxito” de 4.6 millones de dólares, para favorecer una adición del contrato de un trayecto vial que une el centro del país con el Caribe, cuya ejecución se inició durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), férreo opositor de Santos, a pesar de que antes fuera su ministro de Defensa.

Golpe a la legitimidad

El anuncio del ente acusador provocó que algunos sectores de la oposición pidieran incluso la renuncia del jefe de Estado, cuyos índices de popularidad rondan el 20% según recientes sondeos.

“Es un golpe fuerte a la legitimidad del Gobierno, así la denuncia termine diluyéndose”, dijo a AFP el analista político Juan David Cárdenas.

Cárdenas afirmó que Santos mantendrá las mayorías en el Congreso, por lo que la implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- marxistas), busque insignia de su gestión, no tendría mayores problemas.

Sin embargo, el presidente recibió el respaldo de su gabinete, que en un comunicado cuestionó la credibilidad de las denuncias de Bula, al que calificó “de dudosa reputación”.

El secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, declaró el martes que Bula está vinculado con la narcotraficante Oficina de Envigado.

Enciso sostuvo que su testimonio responde a una “estrategia” del uribismo para “defenderse atacando con mentiras”, tras la vinculación de funcionarios de Uribe con actos de corrupción de Odebrecht. 

Bula, que según el fiscal negocia con el ente acusador, fue suplente entre 1998-2002 y 2002-2006 de Mario Uribe, primo del expresidente Uribe y preso por vínculos con paramilitares. 

Opositor investigado

Martínez anunció el martes que a solicitud del Centro Democrático, el partido que lidera Uribe, indaga la financiación de la campaña de su candidato en las presidenciales de 2014, Óscar Iván Zuluaga, derrotado por Santos en segunda vuelta. 

Según medios brasileños, parte del contrato que firmó Zuluaga con el asesor político brasileño Eduardo “Duda” Mendoza, para el manejo de la campaña, fue pagado por la constructora.

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