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La Procuraduría de Derechos Humanos sospecha que funcionarios del anterior gobierno de Guatemala estarían vinculados al asesinato de cuatro policías acusados de matar a tres diputados salvadoreños y a su chofer en febrero de 2007, divulgó a través de un comunicado la Procuraduría de Derechos Humanos. Las sospechas de la Procuraduría ponen en entredicho la versión oficial de que los cuatro policías, que estaban detenidos en una cárcel de máxima seguridad, murieron durante una revuelta organizada por pandilleros presos.

"Hay indicios de participación del Gobierno, autor o cómplice, en el asesinato de los ex agentes. Existen elementos suficientes para creer que las autoridades penitenciarias facilitaron las condiciones para ejecutar tal crimen", destaca un documento de la Procuraduría, publicado por El Periódico. Los crímenes ocurrieron durante el gobierno de Oscar Berger (2004-2008).

Horas antes del crimen, los cuatro policías fueron visitados por dos jefes policiales y otras personas ingresaron irregularmente al penal, publica el diario. "La forma de operar es reconocidamente imputable a escuadrones de la muerte patrocinados por el Gobierno. Se evidencia la impunidad con la que se cometió el crimen, incluso cerca de otros reos", según el documento de la Procuraduría.

Un juez guatemalteco dictó una orden de captura internacional contra el ex diputado salvadoreño Carlos Silva, actualmente preso en Estados Unidos por ingreso ilegal al país, acusado de ser el autor intelectual del crimen de los tres parlamentarios y el chofer. La Fiscalía cree que Silva deseaba vengarse debido a que un diputado del partido gobernante en El Salvador promovió una investigación contra él por lavado de dinero y estafas, que condujo a su desafuero como diputado suplente.