•  |
  •  |
  • AFP

El gobierno sudanés rechazó categóricamente la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, CPI, contra el presidente Omar el Bechir, cuyos seguidores salieron a la calle para proclamar su intención de protegerlo "hasta la última gota de sangre". Los jefes rebeldes de Darfur, región del oeste de Sudán en guerra civil desde 2003, se congratularon en cambio de la decisión de la CPI. El Movimiento para la Justicia y la Igualdad, JEM, estimó imposible continuar negociando con Bechir. El gobierno "expresa su rechazo total a la decisión de la CPI". Como Sudán "no es uno de sus miembros, el tribunal no es competente", declaró en El Cairo el jefe de la diplomacia sudanesa, Alí Karti.

Después de poner fin a un largo suspenso, la CPI anunció haber emitido una orden de arresto contra Bechir por crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur, donde, según la ONU, han muerto en el conflicto unas 300.000 personas. Jartum fija esa cifra en 10.000. El ministro de Justicia, Abdel Basit Sabdarat, remarcó"Sudán no tratará con esta corte" recordando que Jartum ya se ha negado a cooperar con la CPI en ocasiones anteriores.

Deben respetar acuerdos
Karti anunció que Bechir, de 65 años, participará en la cumbre árabe prevista a finales de mes en Doha, aclarço que la decisión de la CPI no tendrá ningún efecto sobre el régimen, instalado en el poder tras un golpe de Estado militar-islamista en 1989. Igualmente señaló el "compromiso" de su gobierno de respetar los acuerdos de paz firmados con los rebeldes y su "apego a la inmunidad y privilegios de los que gozan las organizaciones internacionales y regionales y las embajadas extranjeras" en Sudán.

Las autoridades sudanesas decidieron no obstante expulsar a una decena de ONG extranjeras, según responsables de la ONU y de esas organizaciones. Los manifestantes agitaron pancartas con la efigie de su presidente mientras que algunos pisoteaban fotografías del fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo.

También hubo actos de apoyo al gobierno en las tres grandes ciudades de la provincia de Darfur, El Facher, Geneina y Nyala, según la Minuad, la Misión de la ONU y la Unión Africana de mantenimiento de la paz en la región. "No creo que sea éticamente posible negociar con alguien que ha cometido crímenes en Darfur y perdido su legitimidad", reaccionó Ahmed Tugod Lissan, principal negociador del JEM, que firmó en febrero en Doha un pre-acuerdo de paz con Jartum.

Sin pensar en las consecuencias
"Pedimos al presidente que dimita", subrayó un responsable de la facción "Unidad", del Ejército de Liberación de Sudán, SLA, Mahjub Hussein. "Vamos a tomar las medidas necesarias para entregar el presidente sudanés a la justicia internacional", prometió.

Varios países occidentales, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, exhortaron a sus ciudadanos en Sudán a extremar la prudencia. Asimismo, las autoridades sudanesas advirtieron a la población local de que toda declaración pública en favor de la CPI será pasible de represión. Si las fuerzas gubernamentales "hacen daño a los civiles, el JEM reaccionará", advirtió Jalik Ibrahim, líder del grupo rebelde.