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El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas directivas que expanden el alcance de las deportaciones y amplían el total de agentes fronterizos y migratorios, pero descartó que el objetivo sea las “deportaciones masivas” de indocumentados.

En dos circulares internas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, dijo que aunque la prioridad seguirá siendo la captura y deportación de inmigrantes en situación irregular y con antecedentes criminales, todos los indocumentados serán susceptibles de ser devueltos a sus países.

Estos memorandos internos son el primer paso concreto y detallado para la aplicación de la promesa de campaña de Trump de expulsar del país a unos 11 millones de indocumentados -la mayoría mexicanos- independientemente de que hayan o no cometido crímenes violentos en su país de origen o en territorio estadounidense.

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“Ilegal es sujeto de deportación”

De acuerdo con los dos documentos, fechados el lunes y divulgados este martes en el sitio web oficial del Departamento, el Gobierno mantendrá la práctica de anteriores administraciones de priorizar la deportación de indocumentados con antecedentes criminales.

No obstante, el documento añadió que “con extremadamente pocas excepciones limitadas, el DHS no eximirá ninguna clase o categoría de extranjeros sujetos de deportación de la potencial aplicación de la ley”.

“Todos aquellos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos”, apunta el documento.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, redobló esa postura señalando en la acostumbrada rueda de prensa que “cualquiera que esté aquí ilegalmente es sujeto de deportación en cualquier momento”.

Pero preguntado acerca de si la meta es la “deportación masiva” de inmigrantes, respondió tajantemente que “no”.

El gobierno estadounidense también planea robustecer su fuerza en la frontera con México: Kelly anunció la contratación de 5,000 nuevos empleados para la guardia fronteriza (CBP) y de 10,000 empleados para la agencia de control de migración (ICE).

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Construcción de muro

El Departamento de Seguridad Nacional también informó que quiere empezar la construcción del muro con México en los enclaves fronterizos de El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California) y pagarlo con dinero aprobado por el Congreso.

Estos enclaves hacen frontera con las ciudades mexicanas de Ciudad Juárez (Chihuahua), Nogales (Sonora) y Mexicali (Baja California), respectivamente.

“Hemos identificado las posiciones alrededor de El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California) para construir un muro en las áreas en las que las vallas o las zanjas ya no son efectivas”, apuntó el DHS en un memorando sobre inmigración.

En el año fiscal 2016, la Patrulla Fronteriza realizó 408,870 detenciones de indocumentados en el límite sur, 64,891 de ellas en el área de Tucson (la segunda con mayor actividad solo por detrás del Río Bravo), 25,634 en la de El Paso y 19,448 en la de El Centro.

El departamento liderado por el general retirado John Kelly también ha pedido a la Patrulla Fronteriza que “identifique áreas prioritarias para construir un muro o una barrera similar donde ahora no exista en la frontera”.

El documento aborda además la fuente de financiación de la obra al ordenar la “preparación de peticiones de presupuesto del Congreso para este año fiscal (con peticiones complementarias) y para los siguientes”.

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También ordena a los gestores del departamento “identificar y asignar de inmediato todos los recursos disponibles para planear, diseñar, construir y mantener un muro, incluyendo la iluminación, tecnología (incluyendo sensores), así como las patrullas y las vías de acceso”.