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  • AFP

El ministerio estadounidense de Justicia anuló una directiva del anterior gobierno de Barack Obama encaminada a poner fin a la utilización de prisiones privadas para detenidos federales.

El gobierno dirigido por Donald Trump continúa de esta forma deshaciendo las medidas esenciales adoptadas por la administración de su predecesor.

En una carta dirigida al jefe de la administración penitenciaria con fecha del martes y publicada este jueves, el nuevo ministro conservador de Justicia, Jeff Sessions, dice “abrogar” una circular de agosto de 2016 del anterior gobierno titulada “Reducir la utilización de las prisiones privadas”.

El anterior ejecutivo había decidido no utilizar más esas prisiones a causa de los problemas constatados en esos establecimientos.

Esta decisión se fundaba en un informe oficial muy criticado que concluyó que las prisiones privadas eran escenario de carencias de seguridad y de violencia, y que ofrecían menos oportunidades de reinserción.

Pero el nuevo gobierno dirigido por Donald Trump, que prometió una intensa política de mantenimiento del orden, no ve con los mismos ojos a las prisiones privadas, que representan un mercado enorme en el país.

La decisión de no recurrir a las prisiones privadas “dificultaba la facultad de la administración de prisiones de responder a las necesidades futuras del sistema penitenciario federal”, aseguró Sessions en su carta de abrogación.

Esta decisión no es una sorpresa: las acciones de las empresas de prisiones privadas se dispararon en Wall Street tras la elección de Donald Trump.

En 2013, unos 30,000 presos federales se encontraban en prisiones privadas, de un total de 220,000 personas.

En 2015, la cifra cayó a 22,600 de un total de 190,000, y el objetivo del gobierno de Obama era reducirlo aun más, hasta 14,200 detenidos antes del 1 de mayo de 2017