•   Caracas, Venezuela  |
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  • EFE

El máximo tribunal de Venezuela asumió las "competencias" del Parlamento, de mayoría opositora, mientras "persista" su situación de desacato, según una sentencia difundida la noche del miércoles.

"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho", señaló el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que declaró en desacato al Legislativo a inicios de 2016.

El TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Nicolás Maduro, declaró en desacato al Legislativo a inicios de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral. También ha anulado todas las decisiones de los asambleístas.

Aunque la cámara desincorporó a esos parlamentarios posteriormente, la corte considera que el acto no fue formalizado.

"Es un tribunal fraudulento que interpreta la Constitución contra su propio texto", protestó este jueves el diputado opositor Henry Ramos Allup.

"Nosotros debemos seguir cumpliendo nuestros deberes (...) y seguir ejerciendo a cualquier riesgo nuestras funciones, porque a nosotros una persona no nos dio un título de diputados, sino que fuimos electos", añadió Ramos Allup en una entrevista radial.

La nueva decisión judicial de la Sala Constitucional del TSJ se produce un día después de que el propio tribunal retiró los fueros a los diputados, utilizando como alegato el desacato, lo que abre la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares militares.

Ello mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero. La cita en Washington acabó sin acuerdos, pero 20 países suscribieron una declaración conjunta en la que expresan "preocupación por la difícil situación política, económica, social y humanitaria" de Venezuela.

La bancada opositora aprobó el pasado 21 de marzo un acuerdo en el que pidió a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que fue calificado por el mandatario como "traición a la patria", un delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

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