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Más de 20 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitarán formalmente una sesión extraordinaria el lunes para declarar que en Venezuela hay "una alteración del orden constitucional", según informaron a Efe fuentes diplomáticas de tres naciones de la región.

Este grupo de países enviará su solicitud a la Presidencia del Consejo Permanente, que ayer ostentaba Belice y desde hoy Bolivia, después de reunirse en la misión diplomática de Canadá ante la OEA, según explicaron a Efe las mismas fuentes.

En ese grupo están Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Barbados, Bahamas, Guyana, Antigua y Barbuda y, tal vez, Uruguay y algunas naciones caribeñas, cuya posición no está clara, detallaron las mismas fuentes.

Estos países han decidido dar este paso al considerar que "se pasó la raya" en Venezuela con la sentencia del Tribunal Supremo por la que asume las facultades de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora desde enero de 2016.

Las naciones consideran que votar el lunes una declaración que diga que en Venezuela se alteró el orden constitucional es "el primer paso de un proceso", el que recoge la Carta Democrática Interamericana. Después de esa declaración, para la que se requieren 18 votos (la mayoría simple de los 35 Estados miembros), seguirían gestiones diplomáticas y una de las opciones que se baraja es una reunión de cancilleres (no necesariamente una asamblea), para lo que también se necesita el mismo número de apoyos.

Si el Consejo Permanente declara que en Venezuela "hay una alteración del orden constitucional" que afecta "gravemente su orden democrático", se iniciaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, como pide desde el pasado 31 de mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

UNASUR

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), condenaron ayer que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asumiera las funciones del parlamento y pidieron el restablecimiento del orden democrático.

A través de un comunicado conjunto, los  seis gobiernos consideran que esos hechos "atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y a la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos".

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