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Opositores venezolanos bloquearon este martes vías en Caracas y otras ciudades en rechazo a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a un proceso para cambiar la Constitución, que desvanece su objetivo de lograr elecciones generales y agudiza la grave crisis que sacude al país.

Acosado tras un mes de marchas que exigían su salida del poder a través de elecciones generales, Maduro dio un giro a la crisis al convocar a una “Constituyente popular”, cuyos 500 asambleístas no serán electos por sufragio universal, sino por sectores sociales y por comunidades.

Este nuevo escenario ha obtenido el respaldo de la Fuerza Armada venezolana. “Es una propuesta revolucionaria, constitucional y profundamente democrática que nosotros acompañamos desde la Fuerza Armada”, dijo a periodistas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

El funcionario y jefe de la institución castrense aseguró que la convocatoria -que la oposición considera como un “golpe de Estado” para evitar elecciones- es “constitucional” y afirmó que “no puede haber algo más democrático que convocar al poder constituyente original que es el pueblo”. 

Desconocer convocatoria

Tras esa declaración, la mayoría opositora del Parlamento aprobó un acuerdo que insta a la Fuerza Armada a desconocer la convocatoria de Maduro. Le pide que “respete de manera fiel el marco jurídico y constitucional, sin atender órdenes superiores que lesionen los derechos humanos y menoscaben principios fundamentales de la Constitución”. 

El documento -aprobado sin la presencia de los diputados oficialistas- se apoya en el Artículo 333 de la Carta Magna, que establece que si esta deja de observarse “por acto de fuerza”, como considera la oposición que ocurre, “todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

La oposición considera “fraudulenta” la iniciativa de Maduro, ya que la mitad de los 500 asambleístas que modificarán la Constitución serán elegidos por sectores como sindicatos, consejos comunales o campesinos que, a su juicio, “están controlados por el Gobierno”. Los demás serán seleccionados por circunscripción regional.  EFE

En un debate en el que solo participaron diputados opositores, el Parlamento  aprobó “declarar que es absolutamente inconstitucional y nula la denuncia de la carta de la OEA suscrita” por el presidente Nicolás Maduro Moros. Mientras el  diputado opositor venezolano Tomás  Guanipa denunció que los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron al también antichavista Wilmer Azuaje, un legislador regional del occidental estado Barinas sin orden judicial.

La calle y la presión internacional

El anuncio de Maduro hace temer mayor convulsión social. Veintiocho personas murieron en hechos violentos vinculados a las protestas que estallaron el 1 de abril, luego de que el máximo tribunal de justicia asumiera temporalmente las funciones del Parlamento. Para hoy se ha convocado a una megamarcha.

Maduro, cuya gestión termina en enero de 2019, justificó su decisión al asegurar que convocó a una “Constituyente de paz” para frenar la “embestida golpista”, y acusar a la oposición de rechazar el diálogo.

Estados Unidos dijo este martes que la Organización de Estados Americanos (OEA) abordará la convocatoria de una Asamblea Constituyente en Venezuela en la reunión de cancilleres prevista para “las próximas semanas” sobre la crisis política de ese país.

En ese encuentro, para el que aún no hay fecha ni lugar, se tratarán varios temas de la situación venezolana, según indicó el subsecretario de Estado adjunto de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, en una conferencia de prensa.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) concluyó una reunión de cancilleres y representantes sin acuerdos sobre la violencia generada en medio de la crisis que vive Venezuela, debido a la ausencia de siete de los 33 países que la conforman.

El canciller anfitrión, el salvadoreño Hugo Martínez, aseguró durante una conferencia de prensa en San Salvador que según las normas de la comunidad, “los acuerdos en todas las instancias de la Celac se deben de tomar por consenso”, y por la ausencia de autoridades de Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, “no se puede tomar resolución”.

¿Proceso de la Constituyente?

La iniciativa -rechazada por la oposición- tiene como particularidad que la mitad de los 500 asambleístas serán electos de forma sectorial, por lo que sindicatos, campesinos o minorías sexuales podrán escoger a sus representantes. Los demás serán seleccionados por circunscripción regional.

Maduro entregará al Poder Electoral las bases para elegir a los asambleístas. Se desconoce cuándo serán escogidos y el método que se aplicará para ello y su postulación.

Gráfico: Katherine Ballesteros / ENDMientras se convoca este proceso, quedan suspendidas las elecciones regionales, locales y presidenciales en 2017 y 2018.

Juristas críticos del Gobierno afirman que el anuncio supone una “estafa”, pues para cambiar parcialmente la Constitución -como plantea el Gobierno- basta una reforma o una enmienda y no una Constituyente, reservada para redactar una nueva Carta Magna.

Parlamento maniatado

Aun cuando no se ha especificado cómo será legitimada esta Constitución, la de 1999 fue aprobada en referendo, al igual que una enmienda de 2009 que permitió la reelección ilimitada.

Reforma o enmienda tendrían que ser aprobadas por el Legislativo, algo impensable ante el duro choque de poderes que se registra desde que la oposición asumió el control de la cámara en 2015, poniendo fin a una hegemonía chavista de 17 años.

Desde entonces, el Gobierno fijó su trinchera en el Poder Judicial, que ha anulado todas las decisiones del Parlamento aduciendo que está en desacato a sus fallos.

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Precisamente, dos sentencias con las cuales el máximo tribunal se adjudicó los poderes parlamentarios y dejó sin inmunidad a los diputados originaron las protestas que denuncian un “golpe de Estado”, aunque estas fueron anuladas parcialmente. 

El Legislativo quedaría aún más maniatado, pues la Constitución señala que ningún poder público podrá impedir las decisiones de la Constituyente, al estar subordinado a este suprapoder.

Maduro asegura que el objetivo de la Constituyente es la “paz” y que su convocatoria responde a una “arremetida golpista” de la oposición, luego de que esta se negara a retomar un diálogo para superar la crisis.

Sus adversarios sostienen que las negociaciones mantenidas a fines de 2016, con acompañamiento del Vaticano, fracasaron por incumplimientos del Gobierno.

“Berenjenal”

Entre los vicios de ilegalidad, algunos expertos también señalan que el presidente solo tiene la facultad de proponer la Constituyente y que son los ciudadanos quienes deciden, en referendo, si la quieren o no. Así se hizo para la Carta Magna de 1999 por iniciativa del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

El Parlamento podría incluso “activar un referendo consultivo” si el Poder Electoral no lo hace”, advirtió el constitucionalista Juan Carlos Apitz.

Esta situación promete escalar el conflicto, pues, según León, los opositores se ven obligados a elevar su presión en las calles ante la posibilidad, además, de que se instauren mecanismos para “controlar la democracia real”, con la excusa de la “democracia directa”.

Al firmar el lunes el decreto para la Constituyente, Maduro, quien aboga por un “Estado comunal”, dijo que uno de los objetivos es el establecimiento de “nuevas formas de democracia directa”.

Tras este nuevo giro en la larga crisis, el analista Michael Penfold sentenció: “Venezuela, por decir lo menos, es oficialmente un berenjenal”.

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