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El Gobierno de El Salvador propuso a la Asamblea Legislativa la aplicación de un régimen de libertad condicional para los salvadoreños con antecedentes penales deportados desde EE. UU., por el posible incremento en el retorno de pandilleros.

El vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, dijo a la prensa, tras una reunión con la comisión de diputados de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, que la intención del Gobierno es “fortalecer los mecanismos de control” sobre las personas que cometieron delitos en el país norteamericano.

Detalló que, de aprobarse la iniciativa, al ingresar al país los retornados llenarán una ficha “certificada por la policía” en la que deberán declarar el tipo de antecedente que poseen y dependiendo de la gravedad del delito tendrán “inmediatamente” una audiencia con un juez.

Posteriormente, estarán obligados a presentarse mensualmente en la delegación de la Policía más cercana a su domicilio, para “garantizar que no están en ninguna actividad ilícita”.

La iniciativa es para que “todas aquellas personas que vengan con antecedentes puedan ser controladas, supervisadas y debidamente atendidas en programas de reeducación y reinserción, si eso es lo que requieren”, acotó el vicepresidente, que aseguró que no será un régimen “punitivo” ni buscará “estimular una mayor represión”.

La propuesta fue presentada por Ortiz, junto al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y se espera que en los próximos días sea llevada ante la junta directiva del Congreso para que pase a estudio.

CERO TOLERANCIA

Esta iniciativa del Gobierno se da en respuesta al anuncio hecho por el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 18 de abril de aplicar una política de “tolerancia cero” contra bandas criminales, como la Mara Salvatrucha (MS13).

Trump prometió en un mensaje en Twitter que “eliminará rápidamente” a los pandilleros de la MS13 en su país, lo que podría desembocar en un incremento en la deportación de pandilleros.