•   Venezuela  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

La fiscal general, Luisa Ortega, ensanchó la grieta que abrió en el chavismo, tras responsabilizar a militares por la muerte de un joven y cientos de heridos durante la ola de protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Ortega, confesa chavista, informó este miércoles que 55 personas han muerto en 55 días de manifestaciones: 52 civiles y tres policías y militares.

Gobierno y oposición se culpan mutuamente por la creciente violencia que se desata tras las movilizaciones, que generalmente acaban con choques entre uniformados y manifestantes, quienes cruzan bombas lacrimógenas, chorros de agua a presión, piedras y cócteles molotov.

Ortega reportó un millar de lesionados, de los cuales la mitad se produjeron por “la acción de los cuerpos de seguridad”.

También responsabilizó a un oficial de la militarizada Guardia Nacional —aún sin identificar— por la muerte de Juan Pernalete, estudiante de 20 años, en una protesta en Caracas el pasado 26 de abril.

Pernalete fue impactado por una bomba lacrimógena en el pecho, según la Fiscalía, versión que negaba el Gobierno al sostener que el joven había sido asesinado con una pistola de pernos (usada para sacrificar ganado).

Ortega ya se había distanciado de Maduro al denunciar cómo “una ruptura del orden constitucional” sentencias con las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió temporalmente las atribuciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición.

Esos fallos desataron las movilizaciones opositoras el 1 de abril.

La brecha se amplió con el llamado del gobernante a una Asamblea Constituyente, iniciativa que la fiscal estima inconveniente en medio de la crisis.

El vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, calificó de “histórica” la declaración de la fiscal. “¡Que siga la resistencia!”, escribió en Twitter.

La oposición mantiene las protestas, en las cuales denuncia una “salvaje represión” de militares y policías, que según el Gobierno tienen prohibido usar armas letales.

censura violencia de oposición

No obstante, Ortega censuró la violencia de manifestantes, en particular la quema de un hombre tras una manifestación el sábado en Caracas. El Gobierno asegura que la víctima —que sufrió graves heridas— fue atacada “por ser chavista”.

“Las manifestaciones deben ser pacíficas. Eso es un derecho que el Estado debe garantizar. Si empiezas a ejecutar acciones violentas, perdiste el derecho. La violencia solo deja daños irreparables”, agregó la fiscal.

Para analistas como Luis Salamanca, la postura crítica de Ortega refleja el “agrietamiento” de “la estructura interna del poder chavista”, según dijo a la AFP.

Miles de personas marcharon este miércoles en Caracas en rechazo a la Constituyente planteada por Maduro, cuya elección se prevé para julio, como anunció el martes la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. 

Los opositores avanzaban hacia la sede del CNE, en el centro de Caracas, pero fueron dispersados por las fuerzas antimotines.

Las bases de la Constituyente plantean la elección de 540 asambleístas, 364 por municipios y 176 en votaciones por sectores sociales como trabajadores, indígenas o campesinos. 

Analistas y dirigentes opositores aseguran que se trata de un proceso “a la medida” de Maduro, pues le permitiría al mandatario evadir una votación universal cuando su popularidad está en caída libre. Según encuestas privadas, siete de cada diez venezolanos rechazan su gestión.