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  • EFE

La Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) ha determinado tras una investigación interna que cinco trabajadores kenianos del campo de refugiados de Kakuma han cometido fraude y corrupción al prometer a refugiados acceso a servicios básicos o reasentamientos acelerados, informó hoy el organismo.

La investigación, que se produjo a raíz de una serie de alegaciones recibidas por ACNUR el año pasado, halló actos de "fraude, corrupción, amenazas e intimidaciones en el campo" de refugiados de Kakuma, situado en el noroeste de Kenia. En total hay cinco trabajadores kenianos implicados y la Oficina de la ONU para Asuntos Jurídicos ha transferido tres de ellos a la Policía keniana para que fueran procesados penalmente.

Esta medida ha resultado de momento en un arresto, según ACNUR, que indica que en paralelo a la vía penal las medidas internas tomadas han provocado la dimisión de dos de los cinco trabajadores y para los restantes tres hay en marcha "procesos disciplinarios". Fuentes de ACNUR indicaron a Efe que estos trabajadores han "defraudado dinero", pero no de los donantes, sino de los refugiados, a los que prometieron acceso a servicios básicos del campo o un proceso de reasentamiento acelerado a cambio de dinero.

Las fuentes no supieron explicar de cuántos refugiados se han aprovechado los trabajadores ni cuánto dinero han exigido a sus víctimas, pero pudieron asegurar que "no hay indicaciones de que se haya producido ningún reasentamiento" mediante ese chantaje. ACNUR suspendió inmediatamente las solicitudes de reasentamiento en Kakuma y revisó todos los procesos, según indicó la agencia.

El caso está de momento limitado al campo de Kakuma, que acoge a unos 163.000 refugiados, la mayoría somalíes y sursudaneses, según las fuentes, pero puede implicar a "otros de fuera de ACNUR", por lo que la agencia ha alertado a sus socios, que efectúan sus propias investigaciones.

ACNUR ha iniciado una revisión independiente de gestión, que ha resultado en una serie de recomendaciones que acompañan las medidas disciplinarias que se han tomado contra los trabajadores implicados en el escándalo y que incluyen, entre otras, un reforzamiento del sistema de supervisión y medidas correctivas y preventivas.

También ha lanzado una campaña de información para evitar casos similares en campos de refugiados. "Proteger vidas está en el centro del trabajo de ACNUR, lo que hace la traición de la confianza que hemos visto en este caso tan irritante", señaló en el comunicado el alto comisionado adjunto de la ONU para los Refugiados, George Okoth-Obbo.

El equipo de ACNUR y trabajadores de sus socios, tienen que firmar un código de conducta que especifica su obligación de no abusar de su posición en relación a los beneficiarios, de asegurarse de que sus acciones no incluyan un lucro personal y de jamás exigir servicios o favores a refugiados.