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El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, cierra su tercer año de gestión con el importante logro de la reducción de homicidios en un 45%, pero sin opción de celebrar, ya que ahora debe afrontar con urgencia la reforma del sistema de pensiones para sortear la crisis financiera que amenaza al país.

Sánchez Cerén, maestro de profesión y uno de los comandantes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), inició su gobierno el 1 de junio de 2014, a las puertas de uno de los períodos más sangrientos de siglo XXI en El Salvador.

Heredó en 2014 de Mauricio Funes los vestigios de un armisticio entre las pandillas, que redujo sustancialmente los asesinatos, pero la ruptura catapultó los asesinatos hasta los 103 y 81,7  por cada 100,000 habitantes en 2015 y 2016, alcanzando así una de las tasas más altas del mundo. Sánchez Cerén pasó de computar 7,199 homicidios en su segundo año de administración a 3,965 en la actualidad. 

Deuda de pensiones

Sorteada en alguna media la crisis de asesinatos, el mandatario deberá alcanzar un pacto político con sus opositores antes de julio próximo, cuando se prevé que el país entre nuevamente en aprietos financieros por la deuda de pensiones, similar a lo ocurrido en abril.

El gobierno salvadoreño se declaró en impago el 7 de abril pasado, al no alcanzar el Congreso los votos necesarios para autorizar la emisión de 70 millones de dólares en bonos destinados al pago a los militares jubilados y a abonar a la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El Ejecutivo culpó a la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) del impago, dado que este partido no dio sus 35 votos para alcanzar los 63 necesarios para emitir los bonos.

El pasaje de abril pasado podría repetirse y agravarse en julio próximo, cuando el Gobierno debe honrar otros 40 millones de dólares con las AFP, que le prestan al Ejecutivo dinero de los trabajadores para pagar a unos 160,000 pensionados del sistema abandonado en 1998, y una de los dos únicas administradoras alcanza el limite máximo que le obliga la ley para prestar.

Peligro de impago

Es decir, en los primeros días de ese mes, el país podría caer en el impago por la falta de acuerdos políticos y quedarse sin parte de los fondos para pagar a los pensionados bajo su tutela, por lo que el objetivo del cuarto año del mandatario está marcado, irremediablemente, en su agenda.

Pero las ‘dotes’ de negociación del presidente no se podrán centrar únicamente en hacer frente a estos pagos, sino también en buscar soluciones para reformar el sistema de pensiones completo, que le supone una fuerte carga financiera al Gobierno y cuya deuda ronda los 5,700 millones de dólares.

El Congreso apenas ha iniciado con la discusión de las propuestas del Gobierno y de la empresa privada para reformar el sistema, mientras el reloj corre contra Sánchez Cerén, pero principalmente contra los jubilados.